CONTINÚA CRECIENDO la controversia en torno al artículo de la reforma pensional que otorga una comisión de administración a los fondos privados. La norma en cuestión establece una comisión del 0,7% para los fondos privados, lo que podría implicar más de 2,1 billones de pesos al año para estas entidades.
La polémica se da porque se filtró al comienzo de la semana que la proposición que creó esa comisión fue redactada por Asofondos y presentada por un congresista del Partido En Marcha, que dirige el exministro Juan Fernando Cristo.
Ayer Asofondos dijo en un comunicado que “tal y como quedó la reforma pensional, necesariamente el nuevo sistema implicaba un cambio en el sistema de comisiones de las AFP. Con el nuevo sistema, los flujos de estas cotizaciones se reducen en un 90%, lo que haría de inmediato inviables a las administradoras de los fondos de pensiones en su labor esencial de administrar el ahorro pensional. Este cambio de metodología era necesario para garantizar que las administradoras pudieran continuar prestando los servicios que la ley les asigna, ya que el objetivo de la reforma no era acabar con las administradoras de pensiones, sino modificar sus funciones”.
Algunos congresistas y sectores políticos están pidiendo al Gobierno que objete ese artículo o que lo incluya para ser reformado en el proyecto de ley que presentaría el 20 de julio para corregir varios puntos de la reforma pensional aprobada en la plenaria de la Cámara, luego de acoger, en medio de fuerte controversia política y jurídica, el texto que había sido aprobado en la plenaria del Senado.
EL NUEVO SIGLO habló al respecto con las ponentes Martha Alfonso, Judith Pérez y Támara Argote. Inicialmente la representante Martha Alfonso, del Partido Alianza Verde, aseguró que “según el artículo, se deben establecer las normas de porcentaje porque va a ser de hasta el 0,7% de comisión. Para esto, la reforma estipula unos requisitos para generar este cobro a manera de factores de cumplimiento que el Ministerio de Hacienda debe reglamentar y que estarían en el orden de servicios de cobertura, infraestructura o mejores procesos pensionales”.
De igual manera, agrega que “otro de los factores está relacionado con los rendimientos que van a ser administrados por el Banco de la República. Eso se conocía en el texto previamente en el texto que aprobó el Senado y el cual el Gobierno podría objetar. Nosotros presentamos una proposición para modificar ese artículo durante el último debate, así como lo hicieron otros partidos como el Centro Democrático, Pacto Histórico, entre otros, pero se acogió el texto del Senado”.
Posteriormente, la representante Tamara Argote del Partido Pacto Histórico, lo había explicado previamente en sus redes sociales, “la reforma busca mejorar la cobertura y acceso a pensiones, asegurando sostenibilidad y eficiencia en la gestión de recursos”.
Añadió que “la gestión de recursos será de naturaleza pública y carácter parafiscal, gestionados por el Banco de la República y otras entidades financieras bajo normativas estrictas como el Fondo de Solidaridad”.
Una ponente con preocupaciones
A su turno, la representante Judith Pérez de Cambio Radical, le afirmó a este Diario que “ahí es en donde radica nuestra preocupación por la sostenibilidad del sistema, ya que las mismas declaraciones que han dado desde el Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo, nos indican que entre 10 y 15 años tienen que presentar otra reforma pensional”.
Manifestó que “nos preocupa la poca reglamentación del Banco de la República, entidad a la que se le están entregando unas funciones no muy claras en el manejo del Fondo de Solidaridad. Estas y otras razones hacen que los partidos de oposición consideremos que esta no es la reforma pensional que está requiriendo el país. Si bien es cierto, sí se hacía necesaria una reforma pensional, pero no como está diseñada porque no soluciona los problemas que tiene el sistema”.