SI BIEN es cierto que el proyecto de reforma pensional tardó en salir del Senado más de un año tras ser radicado en marzo de 2023, el Gobierno está confiado en que la iniciativa en su paso por la Cámara de Representantes, tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria, pueda recibir luz verde antes del 20 de junio, cuando termina esta segunda legislatura.

Las razones de ese optimismo estarían sustentadas, según los observadores políticos, en tres elementos básicos. El primero, que el Gobierno tiene en la Cámara Baja mayores apoyos parlamentarios partidistas frente a lo que pasa en el Senado. Como se sabe, la mayoría de la bancada del Partido Liberal, incluso, contra los criterios de su jefe único, el expresidente César Gaviria, ha respaldado las iniciativas del Gobierno, como quedó en evidencia en el proyecto de reforma a la salud que logró ser aprobado por la Cámara en un tiempo relativamente rápido, pero se terminó hundiendo en la Comisión Séptima del Senado.

En segundo lugar, no se puede negar que la mayoría de las 16 curules que hacen parte de las víctimas del conflicto armado, integran la coalición de Gobierno, lo que le permite al Ejecutivo tener un colchón de apoyo mucho más amplio que en el Senado, en donde esta clase de escaños no existen.

Por otro lado, es evidente que la Casa de Nariño y los ministerios han logrado convencer de forma más rápida a muchos representantes a la Cámara, a cambio de partidas presupuestales e incluso burocracia, para que apoyen la agenda legislativa prioritaria gubernamental, valiéndose de la disciplina partidista ordenada por sus respectivas colectividades.

Sin embargo, voceros de los partidos independientes como del conservatismo y La U, al igual que de las colectividades de oposición, especialmente el Centro Democrático y Cambio Radical, advirtieron ayer que darán la pelea tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria de la Cámara para seguir depurando y ajustando el articulado de la reforma pensional, por cuanto consideran que el tema que se está implementando no solo termina poniendo en peligro el ahorro de todos los trabajadores colombianos para su jubilación, sino que es inviable en materia financiera a corto plazo.

De igual manera, advierten que todavía no está claro la forma en que se manejará el Fondo Autónomo que tendrá el Banco de la República para administrar los recursos del régimen contributivo, sobre todo por la cantidad de delegados que tendrá el Gobierno de turno en el comité que debe administrar y definir el destino de tales recursos en materia de inversión.

Al respecto, juristas consultados por EL NUEVO SIGLO indicaron que algunos de los ajustes que se están planteando en el articulado de la reforma pensional podrían ser fácilmente demandados ante la Corte Constitucional. “... Agregar una funcionalidad al Banco de la República cuya misionalidad está fijada por la propia constitución de manera muy precisa y taxativa, debería hacerse por acto legislativo y no por vía legal a través de un proyecto de ley como esta reforma...”, comentó un exmagistrado

Asimismo, dijo que: “Es muy posible que una vez esta reforma llegue a ser aprobada, y entre en vigencia, este tema del Fondo que se va a crear en el Banco de la República vaya a ser demandado y la corte terminé tumbando el artículo respectivo... Eso es muy grave, ya que en ese momento se crearía un vacío legal en torno a qué entidad o cuál fondo debe manejar los recursos del régimen contributivo en pensiones... Ese es un punto muy grave que va incluido en esta reforma y que creo que los senadores, tanto los del gobierno como los independientes y de oposición, no lograron dejar blindado y genera un peligro a corto plazo para la estabilidad financiera y jurídica del sistema de pensiones”, le compartió a este Diario un exmagistrado de una Alta Corte.

Opinión de parlamentarios

Sobre la reforma, el representante del Partido Conservador, Juan Carlos Wills, señaló: “Estamos a la expectativa de que llegue el texto que se aprobó en el Senado, por supuesto el partido está pendiente de una reunión de bancada para tomar una decisión en conjunto. Creo que es lo más sano, para darle la tranquilidad al país con nuestros puntos y nuestra línea de acciones”.

De igual forma, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, afirma: “Sobre esta reforma, obviamente, va a haber discusión sobre el umbral porque nosotros vamos a poner de presente que las personas más afectadas hasta el día de hoy con la reforma que plantea el Gobierno son las personas con menos recursos que hoy, de una manera u otra, han cotizado los fondos de pensión”.

Además, el representante del Pacto Histórico, Heráclito Landínez, advierte: “Yo creo que aquí la reforma va a fluir, va a discutirse, se va a aprobar Y seguramente va a haber una gran discusión tanto en plenarias como en comisión. Pero, tenemos la confianza de que aquí va a ser aprobada y mejorada la reforma”.

El cronograma

Tras la aprobación en segundo debate en la plenaria del Senado del proyecto de reforma pensional, las directivas de la Cámara y de la Comisión Séptima se aprestan a definir cuál será el cronograma que se fijará para estas siete semanas de trabajo que restan de este segundo tramo de la legislatura, que termina el 20 de junio.

Ayer, ya se estaba hablando en los pasillos, algunos parlamentarios de la posibilidad de que sea necesario citar a sesiones extras después de la asignada fecha, con el fin de tener una o dos semanas más adicionales de tiempo de debate para que la iniciativa sea aprobada y no corra riesgo de hundirse.

En el transcurso de esta semana se conocerá quiénes serán los ponentes y la idea de la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, es que al final de la próxima o a comienzos de la subsiguiente ya se pueda estar rindiendo ponencia positiva en la Comisión Séptima y arranque en forma el debate.

En esta ocasión, ya no se citarían más audiencias públicas, sino que el trámite sería estrictamente parlamentario, acudiendo incluso a la votación por bloque de los artículos que no tengan mayores proposiciones.

Sin embargo, trascendió que los partidos independientes y de oposición también están alistando una estrategia para exigir la discusión de artículo por artículo, incluso acudiendo a interponer un alud de proposiciones con el fin de forzar que no haya votaciones en bloque ni 'pupitrazos' de la iniciativa.

Por otra parte, también varios parlamentarios advirtieron que, si en la Comisión Séptima y la plenaria de la Cámara se llegan a introducir fuertes cambios al articulado o incluso reversar los ajustes que ya el Gobierno aceptó en la plenaria del Senado, el cuello de botella de la reforma se podría generar en la diligencia de conciliación, una vez sea cita de la diligencia de conciliación, dadas las grandes diferencias entre lo aprobado por una y otra corporación legislativa.

De allí que el Ejecutivo, según trascendió, tratará de convencer a los parlamentarios que modifiquen lo menos posible lo que ya viene del Senado, con el fin de asegurar la aprobación de la iniciativa durante lo que resta de esta legislatura.