Informes de la Procuraduría y la Contraloría General califican estas entidades como “fortines políticos regionales” y, en algunos casos, en “focos de corrupción”

Con algunas diferencias, pero con la misma intención, en el Congreso de la República fueron radicadas en la legislatura pasada dos proyectos, un acto legislativo y un proyecto de ley, que buscan reformar la estructura de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Estos organismos fueron creados con la Constitución en 1991 y reglamentados por la Ley 99 de 1993 –Ley General Ambiental- que creó el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y reorganizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Como indica su nombre, las CAR cuentan con autonomía presupuestal y administrativa y son, en últimas, las encargadas de la protección de los recursos naturales renovables, en especial el recurso hídrico.

Es decir, son entidades que forman parte del SINA pero no están subordinadas al Ministerio de Ambiente, pues su labor es administrar los recursos naturales y ejecutar las políticas que en tal sentido expida el Gobierno nacional.

En virtud de su autonomía, para el Ejecutivo las CAR se han convertido en una especie de ‘ruedas sueltas’ pues el Ministerio de Ambiente no es su superior jerárquico y solamente les rinden cuentas a los organismos de control, es decir a la Procuraduría y la Contraloría General.

Estas dos entidades, en diversos informes han coincidido en que las 33 CAR que actualmente existen en el país se convirtieron en “fortines políticos regionales” y, en algunos casos, en “focos de corrupción”.

Por ejemplo, una auditoría de la Contraloría General de julio de 2018 a solo 10 de las CAR encontró hallazgos fiscales por más de $100.000 millones.

Por esos días, la Procuraduría General reveló en otro informe que hasta ese momento había realizado 398 acciones preventivas y disciplinarias por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo presupuestal y administrativo de dichas corporaciones.

Para entonces, en el Ministerio Público cursaban 72 quejas contra las CAR, 256 indagaciones preliminares, 43 investigaciones disciplinarias y 27 acciones preventivas en los territorios.

Ambos organismos de control coinciden en la “necesidad urgente” de una reforma orgánica a estas entidades que según la Procuraduría “están hipotecadas al poder regional”.

Es por ello que las dos iniciativas radicadas en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes buscan reformar la Ley 99 de 1993 en lo relacionado con “el funcionamiento, número, gobernanza y transparencia de las Corporaciones Autónomas Regionales”.

Uno de los proyectos, el del Ministerio de Ambiente, plantea unificar el manejo de los recursos en una sola normatividad nacional. La otra, de Cambio Radical, propone reducir las CAR de 33 a solo siete entidades.

> Es urgente una reforma estructural a las CAR para hacerlas más transparentes y eficientes en su gestión: Procuraduría y Contraloría

Propuesta del Minambiente

La propuesta del Ministerio de Ambiente, que fue radicada conjuntamente con la Asociación Colombiana de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocar), plantea, entre otras modificaciones, la elección de sus directores mediante concurso de méritos realizado por una entidad acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Para ello, se propone implementar una estrategia de transparencia con acceso a la información pública en mediante un proceso de publicidad ciudadana.

También plantea nuevas exigencias para los aspirantes, entre ellas varios tipos de pruebas básicas, de conocimiento, funcionales, de comportamiento, y mayor exigencia de formación académica y experiencia acreditada.

En este punto, el proyecto aumenta de cuatro a ocho años de experticia en cargos ambientales para quienes quieran ser director de una CAR, y demostrar el desempeño en cargos directivos o gerenciales durante, mínimo, año y medio.

Igualmente, se proponen modificaciones a la reglamentación de los Consejos Directivos de todas las CAR, y elimina la posibilidad de reelección indefinida de sus integrantes, como sucede actualmente.

Para garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos propios de cada CAR según sus estatutos, el proyecto propone que se haga bajo normas nacionales.

El proyecto de Cambio Radical

El otro proyecto de ley lo radicó Cambio Radical, tiene la intención de “acabar los problemas de transparencia, ineficacia y de corrupción, que se han venido presentando en la mayoría de las CAR”, dijo la colectividad al radicarlo.

Esta iniciativa propone reducir estas entidades de 33 en la actualidad a solo siete: las Corporaciones Autónomas Regionales del Caribe, de Occidente, del Oriente, Central, del Pacífico, de la Amazonia y del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Incluye también otras modificaciones: establece un régimen de transición de seis meses, para unificar las CAR y faculta al Ministerio de Ambiente para fijar el cronograma de transición y liquidaciones de las corporaciones suprimidas.

Además, una nueva conformación del Consejo Directivo de las CAR integrados por siete miembros: dos gobernadores, dos delegados del Presidente de la Republica, el Ministro de Ambiente, un Alcalde y un delegado de las comunidades étnicas.

La elección de los directores de CAR se realizará por convocatoria pública con mayores exigencias técnicas y sin reelección.

También ajusta las funciones de estas entidades para que sus competencias “respeten las competencias prevalentes” de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) frente a la expedición de licencias, permisos y trámites ambientales.

Les asigna también nuevas funciones frente la Gestión del Riesgo, y focaliza sus inversiones de acuerdo con los Planes de Ordenamiento Territorial de sus respectivas jurisdicciones priorizando la inversión en las cuencas hidrográfica de agua de consumo humano.

Asimismo, incorpora mecanismos de antitrámites y de lucha anticorrupción, así como de transparencia y acceso a la información.

En cualquier caso, ambos proyectos requieren de consultas previas, pues es necesario contar con la participación de las comunidades indígenas y afro de las zonas afectadas.

El gran reto que enfrentan las dos iniciativas es concitar la voluntad del Legislativo, sobre todo en un año electoral como el que apenas inicia que estará marcado por las elecciones regionales de Alcaldes y Gobernadores que, sin duda, concentrará toda la atención de las bancadas parlamentarias.