EL MINISTRO Néstor Osuna confirmó que analizan incluir en la reforma a la justicia que radicarán hacerle ajustes a la Procuraduría, entre otras, la facultad de sancionar a funcionarios de elección popular. EL NUEVO SIGLO consultó a exprocuradores y otras voces autorizadas su opinión de si cabe al Gobierno presentar esta iniciativa en la actual coyuntura, en la cual este órgano de control investiga al canciller Leyva, al ministro de Salud Guillermo Jaramillo, así como al hijo del jefe del Estado, Nicolás Petro, por la financiación de la campaña presidencial.

Las personas consultadas coinciden en que más allá de las investigaciones que tienen en este momento funcionarios del Gobierno, no es conveniente reformar la Procuraduría para quitarle funciones clave, como es sancionar a funcionarios, pues es una de las principales herramientas para la lucha contra la corrupción.

El Gobierno está empeñado en presentar este año la reforma a la justicia, que consiste en varios proyectos buscando mejorar aspectos como el acceso de los ciudadanos a este servicio; y cabe la posibilidad de una reforma constitucional, como se anotó, para hacerle cambios a la Procuraduría.

Para definir los aspectos que contendrá la reforma fue conformada la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia, integrada por más de 40 expertos, quienes tienen carta blanca para hacer propuestas.

El ministro Osuna dijo a Caracol Radio que “hay numerosos estudios y personas que consideran que esa institución (Procuraduría) ya no tiene la importancia, el alcance, que tuvo en años anteriores porque otras instituciones que se han venido creando con posterioridad han asumido esas funciones de un modo más técnico, específico, y, por lo tanto, merecería un retoque”.

Aclaró que “el Gobierno nunca ha considerado que la Procuraduría se deba eliminar. Sí hay unas propuestas ahí y no las voy a esconder”.

Agregó Osuna que “consideramos que lo mejor sería retocar la Constitución, que eso sí es el artículo de las funciones de la Procuraduría, agregarle ese asunto. Pero de ahí en adelante no, las prioridades de la justicia, criterio de este Gobierno, son que haya justicia más pronta, más efectiva, menos impunidad, más cercanía a la ciudadanía”.

¿Reformar la Procuraduría?

El exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta dijo a este Diario que “la iniciativa me parece que es más fruto de un resentimiento que de una construcción seria de lo que es una reforma a la justicia. El país siempre necesita una institución que sancione a los funcionarios, independientemente de su origen”.

Añadió que pensar ahora “en eliminar la Procuraduría o eliminarle esa función, no tiene ningún sentido. Y entre otras, primero, es una de las instituciones que tradicionalmente ha sido más importante en la lucha contra la corrupción. Y, segundo, si además piensan extenderlo hasta otros funcionarios que no sean de elección popular, como ministros, pues ahí sí nos quedamos sin absolutamente ningún tipo de control a cualquier gobierno”.

“De manera que me parece muy grave y parece quieren es quitarse una piedra en un zapato, les está molestando. Esa no es la manera para hacerlo”.

Mientras que el exprocurador general, Jaime Bernal Cuéllar, dijo a este Medio que “la Procuraduría debe es fortalecerse, por la sencilla razón de que hoy por hoy ha aumentado la delincuencia, han aumentado las conductas irregulares de funcionarios públicos, incluyendo a los de elección popular. Me parece un contrasentido que traten de quitar una institución que está combatiendo esa clase de corrupción, esa clase de faltas e irse por una impunidad permanente a los funcionarios de elección popular”.

Indicó que “no es el momento, primero porque hay un sinnúmero de procesos, en segundo lugar, porque sería irse en contravía de lo que se está reclamando mundialmente de crear una ética del servidor público y combatir la corrupción por parte de servidores públicos de elección popular”.

En tanto que el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien estuvo en la terna de la cual fue elegida por el Congreso la procuradora Margarita Cabello, dijo a este Medio que “hacer ajustes a la Procuraduría en estos momentos es por lo menos impertinente, primeramente, porque de manera reciente se realizaron sendos ajustes a la atribución de la Procuraduría frente a servidores públicos elegidos popularmente y fue avalada bajo algunas condiciones por nuestra Corte Constitucional. Luego, no se estima que sea el momento para redundar en esa propuesta, más aún cuando la iniciativa proviene del Gobierno y al tiempo existe en curso investigaciones en contra del suspendido canciller Leyva, el ministro de Salud y hasta el hijo del presidente Gustavo Petro, lo que podría distorsionar la motivación de esa propuesta”.

Explicó el exministro que “es fundamental garantizar la transparencia y la imparcialidad en el proceso de la construcción de la reforma que necesariamente debe incluir a la Procuraduría. En última instancia, cualquier modificación que se persiga, es con el único fin de fortalecer el sistema de la justicia en lugar de debilitarlo”.

¿Qué dice el Congreso?

La eventual reforma a la Procuraduría impulsada por el Gobierno tiene que pasar por las comisiones primeras. Sobre el particular, el senador Alfredo Deluque Zuleta, Partido de la U, integrante de esta célula legislativa, dijo a este Diario, que “el Gobierno siempre ha querido acabar con la Procuraduría, no es un secreto para nadie. La procuraduría fue la entidad que disciplinó a Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá con el tema de los carros de basura de segunda que compró para la capital, que nunca funcionaron, que lo destituyó y después con una maniobra en la Corte Interamericana resultó exculpado por eso”.

Agregó el Legislador que “la Procuraduría en su momento cumplió su función y ha cumplido la función en miles de oportunidades cuando ha tenido que corregir las actuaciones de muchos funcionarios públicos en Colombia. Cualquier modificación que quiera hacer el Gobierno a la Procuraduría va a ser tendiente siempre a acabarla, a disminuirla o a simplemente sacarla de la esfera de la institucionalidad del Estado”.

Concluyó que “creo que ese tema tiene que ser mirado con mucho cuidado, la Constitución no se toca, sino para casos excepcionales. Si el Gobierno va a presentar un proyecto de esa naturaleza, pues esperaremos que llegue el texto para analizarlo con juicio, con detenimiento, y tomar la decisión que más convenga al país”.