Empezó a circular el borrador del Plan Nacional de Desarrollo que se presentará al Congreso de la República la próxima semana, durante el inicio de las comisiones extras.
En el primer borrador se estima que el articulado será de 240 artículos y las inversiones que se plantean ascienden a $1.154,8 billones a precios constantes de 2022.
Algo que se destaca es que hay todo un capítulo para la transición energética segura, confiable y eficiente para alcanzar carbononeutralidad. Dentro de este, el presidente de la República tendrá facultades extraordinarias para la estructuración del Grupo Empresarial del sector eléctrico.
Mañana será revisado en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), en donde se examinarán con detenimiento las bases, el articulado y los proyectos estratégicos para los próximos cuatro años.
En materia de inversiones se está analizando si el monto de inversiones planteado inicialmente se mantiene en $1.048, 2 billones o se incrementa en $15 billones para las modificaciones en la construcción del Metro de Bogotá.
El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2023-2026 se estima en un valor de $1.154,8 billones, a pesos constantes de 2022, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de $50,4 billones, a pesos constantes de 2022.
Mecanismo no judicial de contribución a la verdad
Llama la atención la creación de un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, y producir los informes a que haya lugar.
De acuerdo con el borrador, “la información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros. El mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica operado por el Centro Nacional de Memoria Histórica será adecuado e implementado en los diversos acuerdos de paz y de sometimiento a la justicia, en el marco de la política de paz total y de la normatividad que los reglamente”.
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Registro universal de ingresos
Allí se anuncia la creación del registro universal de ingresos, es decir, todos los colombianos tendrán que hacer su declaración de renta. Asimismo, harán un programa de renta ciudadana a partir de 2024, que armonizará todos los programas de subsidios que da el Departamento de Prosperidad Social.
También, con el programa “Hambre cero” darán recursos en especie para garantizar el derecho humano a la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema.
Obligatoriedad del uso de la información oficial
El artículo 24 señala que “las entidades públicas deberán suministrar y disponer la información oficial, la cual será de obligatorio uso para las entidades competentes de adelantar procesos de formalización, adjudicación y regularización de la propiedad. En ningún caso se supeditará la realización de los trámites a que los particulares suministren información de carácter oficial”.
“Para tal efecto las entidades oficiales establecerán mecanismos de interoperabilidad de la información, dispondrán de servicios de intercambio de información en tiempo real o estrategias de suministro expedito de la información bajo su responsabilidad. Para los casos en que existan levantamientos prediales generados para la expedición de títulos de propiedad, estos deberán ser remitidos al gestor catastral competente, quien deberá emplear esta información para realizar el proceso catastral correspondiente y la respectiva actualización en la base de datos catastral atendiendo a la normatividad que para el efecto expida la autoridad catastral”.
El presidente tendrá funciones extraordinarias para cambiar las funciones del superintendente de Sociedades y el de Industria y Comercio. Allí se incluyen los mecanismos para dinamizar la compra de tierras para la paz.
También van a crear un Consejo Nacional de la Economía Popular que se encargará de formular las líneas de la política pública para coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para el reconocimiento, defensa, asociación libre, fortalecimiento para promover la sostenibilidad de la economía popular, conforme a los principios de coordinación, complementariedad, probidad y eficacia del Estado.