Gran expectativa hay sobre la reunión que sostendrán el presidente Petro y el fiscal general, para hablar de las dudas que tiene este último sobre los mecanismos de acercamiento del Gobierno a los grupos armados dentro de su política de paz, como levantar órdenes de captura. Francisco Barbosa acaba de llegar de Estados Unidos, en donde sostuvo encuentros con su par de ese país y otras autoridades judiciales.
La reunión es crucial porque podría abrirse una puerta para que el Gobierno siga en su propósito de iniciar conversaciones con los grupos armados organizados de alto impacto como el ‘Clan del Golfo’, con el fin de que se sometan a la justicia.
Si bien Petro anunció un cese el fuego bilateral desde el pasado 1 y hasta el próximo 30 de junio con cuatro grupos armados, no ha podido iniciar las conversaciones en forma porque, por un lado, no ha terminado de pulir el proyecto de ley de sometimiento y, por el otro, por las diferencias jurídicas que tiene con el fiscal general.
Estos cuatro grupos con los cuales el Gobierno arrancó el cese el fuego bilateral, con miras a aclimatar el escenario para iniciar las conversaciones, son las disidencias de las Farc, la ‘Segunda Marquetalia’, el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’.
Como se dijo, en el encuentro de hoy podrían abrirse caminos para que el Gobierno y la Fiscalía se pongan de acuerdo sobre los mecanismos, en el marco de la ley y la Constitución, para los diálogos con los grupos armados.
Por lo menos así se podría entender que el presidente Gustavo Petro dijo el pasado 20 de enero que “he conversado con el fiscal general, él tiene razón en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”.
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Reparos del Fiscal
El hecho más puntual en la situación que se presenta se dio hace dos semanas por la solicitud que hizo el Gobierno nacional a la Fiscalía de suspender las órdenes de captura contra 16 integrantes del ‘Clan del Golfo’ y de ‘Los Pachenca’, para designarlos voceros en los diálogos que espera la administración Petro iniciar con esas organizaciones con miras al sometimiento a la justicia.
Sin embargo, vale recordar que Barbosa se negó a levantar las órdenes de captura que pidió el Gobierno, pues consideró que el presidente Petro no cuenta con una norma que permita designar voceros que hagan parte de grupos que no tienen estatus político.
Otra cosa considera el Gobierno. El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en días pasados que “la Ley 2272 del 2022, que aprobó el Congreso de la República, facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones que se les reconoce estatus político y, con conversaciones exploratorias, con diálogos, con organizaciones, estructuras de alto impacto, armadas, del crimen, que se mueven en la economía ilegal, con miras a que se avance en ese proceso de sometimiento”.
Cuando se pensaba que el fiscal general esperaría a la reunión con el presidente Petro para hablar sobre las dudas que tiene sobre los cercamientos del Gobierno con grupos armados, la semana anterior el jefe del ente acusador dijo en Estados Unidos que nunca se hizo en el país un cese el fuego con estructuras narcotraficantes. Incluso trajo a colación que sería como llevarlo a cabo con “Pablo Escobar”.
“Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali”, apuntó el fiscal general.
Añadió que “esos decretos tienen que ser revisados desde el punto de vista de lo que implica para la operatividad del país, el artículo segundo de esos decretos plantea que se cesan operaciones de policías y militares”.
El pasado sábado, el fiscal general finalizó su agenda en Estados Unidos con un encuentro con su par de ese país, Kenneth A. Polite.
“Colombia sigue siendo un socio indispensable para los Estados Unidos, respetando al mismo tiempo los compromisos en materia de aplicación de la ley con Colombia", dijo Polite.