Hugo Acero hizo un análisis de cómo puede avanzar la seguridad en Bogotá luego del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo califica el encuentro entre el Presidente y la Alcaldesa?

HUGO ACERO: Celebro que se haya dado este consejo de seguridad con la participación del Presidente la República y que se mantenga la relación que Bogotá ha tenido con los gobiernos nacionales. Es importante destacar en ese acercamiento la confirmación de que se va a trabajar de manera armónica para enfrentar la delincuencia.

En ese sentido, uno esperaría que a los consejos de seguridad asista siempre un funcionario del orden nacional, y que se mantenga una relación permanente entre el Distrito y la Nación.

ENS: ¿Cómo va el proceso de aumentar el pie de Fuerza Pública en Bogotá?

HA: Hay que recordar que algunos de estos temas ya se venían trabajando con el presidente Duque y creo que se reafirmaron en esa reunión. El aumento del pie de fuerza era un compromiso que ya estaba con el anterior Gobierno, de tener un aumento de cerca de dos mil policías anuales, se cumplió en 2021 y se espera que para 2023 lleguen otros dos mil policías, aunque ya no se habla de dos mil sino de 1.500 anuales. Al final el Presidente dijo que era difícil porque esa era una demanda de la Nación, pero que iban a atender esa solicitud.  

Otro asunto importante es el de contar con más hombres y mujeres tanto en la Policía como en la Fiscalía, sobre todo en el tema de investigación criminal, es decir, de la Sijín, de la Dijín. Aunque esto debería hacerlo no solo en Bogotá sino a nivel nacional. Porque es que existen unas estructuras criminales que no detienen su accionar con más policías en la calle. Asimismo la Fiscalía debe tener más fiscales especializados en bandas criminales y en hechos como el homicidio. Y también debería estar Hacienda, porque en conjunto con las demás entidades se deben atacar los recursos que tienen las bandas criminales, hay que atacar las finanzas de estas organizaciones. Lo que más le duele a los ellos no es que los detengan, porque en las cárceles van a seguir delinquiendo; lo que más les duele es que les quiten los recursos.

ENS: ¿Cómo se trabajaría el desarme en la capital?

HA: En el tema del desarme se puede avanzar un poco más, aunque el presidente Petro ha dicho que va a mantener el desarme e incluso dijo que eliminaría los permisos especiales.

ENS: ¿Qué se puede esperar para reducir el hacinamiento en las cárceles?

HA: Hay que anotar que el hacinamiento de las URI y estaciones supera el 160%. Son más de 20 mil privados de la libertad amontonados, donde cada detenido sobrevive en menos de un metro cuadrado y algunos llevan meses, e inclusive años, en esa condición; a todas luces, una situación que viola los derechos humanos. Además, son más de dos mil policías asignados para la custodia de los capturados, personal que debería estar en las calles garantizando la seguridad de los ciudadanos.

Esta situación no tiene solución en el inmediato plazo, y no existen planes nacionales para solucionarla en el mediano y largo plazo, y a nivel local no pasan de diez los municipios y ciudades que pueden invertir en nuevos cupos carcelarios.

ENS: ¿Cómo ve lo de la aplicación de la justicia restaurativa?

HA: El ejemplo del ministro sobre el robo del celular y el castigo fue desafortunado, pero la justicia restaurativa lo que hace es involucrar al victimario en el reconocimiento de los daños que hizo o que cometió con su acto y el tratar de reparar a la víctima. En el caso de la práctica, desde hace seis años se viene trabajando un modelo de justicia restaurativa. Se acordó que el joven que cometió un hurto, portaba armas y vendía drogas -se acordó con la Fiscalía y con el Consejo Superior de la Judicatura-, que al muchacho se le privaba de libertad en los centros especiales del ICBF, y el Distrito con sus recursos establecía una serie de programas donde se le atendía a él y a su familia para que hiciera un reconocimiento de su delito, pero también de transformación individual durante varios meses, según orden del juez. De cada 100 muchachos que ingresaron al programa, 93 no han vuelto a reincidir.