Tras su promulgación en la Constitución de 1991, y que durante tres décadas se presentaran 12 proyectos para reglamentarla, en julio del 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1909, mejor conocida como el Estatuto de la Oposición, que consiste en brindar garantías mínimas para que todos los partidos que se declaren en oposición al Gobierno nacional, departamental o municipal, ejerzan con total libertad y en igualdad de condiciones sus derechos democráticos.

Sin embargo, tres años y medio después de su implementación, la Procuraduría General de la Nación envió un informe de 44 páginas al Congreso de la República en el que evidenció una serie de preocupaciones frente al cumplimiento de esta ley en las corporaciones de elección popular.

Inicialmente, el ente de control manifestó que considerarse de oposición tiene sus beneficios pero también varios aspectos perjudiciales, entre ellos el tener una representación minoritaria frente a las administraciones locales o al Gobierno nacional.

“Preocupa a la Procuraduría que, después de tres años de la implementación del Estatuto de Oposición, la autoridad electoral no ha logrado garantizar los recursos necesarios para que las organizaciones políticas puedan acceder a los medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético”, se lee en el documento.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que los partidos declarados en oposición no cuentan con la suficiente información sistematizada que les permitiera dar cuenta sobre el acceso a los medios de comunicación en la instalación de corporaciones como el Congreso, las Asambleas y los Concejos, así como las solicitudes de acceso a medios de comunicación en las intervenciones de gobernadores y alcaldes.

“Persiste la confusión sobre los diferentes espacios a los que las organizaciones políticas declaradas en oposición puedan acceder a los 36 medios de comunicación social del Estado, en alocuciones presidenciales e intervenciones oficiales de alcaldes y gobernadores y derecho de réplica”, declararon.

Mencionaron que uno de los puntos que presenta mayor dificultad para las colectividades opuestas a las administraciones locales, departamentales y nacionales es el acceso a información, ya que “no pueden efectuar su labor de control político a la administración de turno”, por lo que extendió su llamado para que se garantice su derecho a conocer las políticas y planes que impulsarán en sus mandatos.

“Frente a la participación en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas a nivel nacional se está garantizando este derecho; no obstante, la información aportada por las organizaciones políticas a nivel territorial es muy limitada y en la mayoría de los casos no está disponible, lo que dificulta el seguimiento frente al cumplimiento de este derecho”, señaló la entidad en el informe.

Finalmente, el ente de control se refirió a la realización de la sesión exclusiva sobre la ejecución del plan de desarrollo, un aspecto que, para la Procuraduría, está limitando la información a nivel territorial. Además, la Procuraduría resaltó que después de este tiempo de entrada en vigencia, “aún no se cuenta con el programa de protección y seguridad para los partidos y movimientos políticos que se declararon en oposición”.

Polémicas 

A lo largo de estos tres años de implementación, el Estatuto de Oposición ha sido de vital importancia para los partidos y movimientos políticos del país. No obstante, también ha sido escenario para grandes polémicas en el espectro político.

El caso más reciente ocurrió con la segunda vicepresidencia del Senado para la legislatura 2021–2022, cuando la oposición postuló a Gustavo Bolívar para obtener su puesto en la Mesa Directiva del ente legislativo.

Sin embargo, su elección en julio de 2021 no se dio después de que solo obtuviera 32 votos a favor, mientras que el voto en blanco obtuvo 66 sufragios de los congresistas. Esto derivó en que el presidente de la corporación, Juan Diego Gómez, anunciara la repetición de la elección con un candidato nuevo, que fue el senador Iván Name, quien fue elegido con 67 respaldos a su favor, lo que provocó que Bolívar denunciara este acto ante el Consejo de Estado para anular dicha elección.

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En febrero de este año, el alto tribunal falló a favor del congresista de la Lista de la Decencia y determinó la anulación de Name como segundo vicepresidente, ya que explicaron que “la repetición de una votación solo aplica para elecciones a corporaciones públicas, ya sea gobernador, alcalde o presidenciales, pero no para la conformación del Senado”, lo que conllevó a repetirse esta elección en el reinicio de actividades hace dos semanas, donde nuevamente la oposición postuló a Bolívar en el cargo.

No obstante, la elección tuvo la misma tendencia que en julio pasado, el voto en blanco superó los respaldos hacia Bolívar, pero con la diferencia de que el Consejo de Estado había determinado que dichos votos no figurarían para esta nueva elección, por lo que Bolívar habría ganado su derecho de ser el segundo vicepresidente del Legislativo.

Esto generó controversia entre el oficialismo y la oposición. Mientras que los primeros aseguraron que no aceptarían la elección de “alguien que irrespeta a la política nacional”, los segundos mencionan que esta es “una estrategia palmaria de violación a los derechos de oposición”.

Con el pasar de los días, el puesto de segunda vicepresidencia del Senado sigue vacante, por lo que el senador Bolívar instauró una denuncia contra Juan Diego Gómez por presunta vulneración palmaria al debido proceso, al derecho a la participación política efectiva y a los derechos de la oposición, afirmando que pese a que no le interesa ocupar este cargo por el resto del periodo legislativo, “mi objetivo es sentar jurisprudencia para que las mayorías de las corporaciones públicas no puedan imponer su voluntad ante los derechos que solo pueden ejercer las minorías, desconociendo su autonomía y libertad”.

Frente a ello, Juan Diego Gómez, presidente del Senado, afirmó que las garantías para la oposición se han contemplado en el Congreso, pero que “existe una dificultad de tipo personal del senador Bolívar, con una serie de partidos, de representantes y senadores y eso no lo podemos resolver”.

Oposición financiada

Dentro de los beneficios que obtienen los partidos o movimientos políticos que se declaran en oposición del Gobierno nacional, departamental o local, no solo está un escaño en las Mesas Directivas en las corporaciones de elección popular.

También, según el artículo 12 de la normativa, se contempla una financiación adicional que equivale el 5% del total que reciben las colectividades que integran las corporaciones políticas.

De acuerdo con información revelada por la Procuraduría, y luego emitida por diferentes medios de comunicación, el partido que recibió el mayor monto en el año anterior bajo esta figura fue Alianza Verde, con $1.516 millones de pesos, seguido del movimiento MAIS que tuvo $565 millones, luego aparecen el Polo Democrático con $415 millones y, posteriormente, se encuentra el Partido Comunes al que le otorgaron una financiación por $377 millones.