Hoy retornan a su plena actividad la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, tras finalizar el día de ayer la vacancia judicial, o vacaciones de la Rama.
También se reactivarán las labores en juzgados administrativos, laborales, civiles municipales y del circuito, los Tribunales Superiores y Administrativos, los Consejos Seccionales y de la Judicatura.
Como consecuencia, se reactivan en las altas Cortes varios procesos que quedaron pendientes para este año, por ejemplo, en la Constitucional, el fallo de la reforma al Código Electoral.
También en este alto Tribunal está pendiente de fallo la demanda que busca despenalizar el aborto, el cual, sin embargo, está permitido en tres causales según una sentencia del 2006: si existe peligro para la vida o salud de la mujer, si el feto tiene una grave malformación o el embarazo fue producto de una violación o incesto.
Mientras en la Corte Suprema iniciará en las próximas semanas el juicio contra el precandidato presidencial Sergio Fajardo por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, después de que hace unas semanas la Fiscalía lo acusara.
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El caso tiene que ver con un contrato para sustitución de deuda de Antioquia que se hizo durante la administración de Fajardo como gobernador, el cual se realizó en dólares, pero según la Fiscalía no se tuvo en cuenta incluir una cobertura cambiaria, lo que dijo significó un detrimento a los recursos del departamento porque subió la tasa de cambio.
Otro de los expedientes que debe resolver el alto Tribunal es la investigación al exrepresentante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, quien está vinculado a un proceso por el presunto delito de soborno en actuación penal en calidad de cómplice.
Esta investigación igualmente se sigue al expresidente Álvaro Uribe, pero que en su caso la Corte perdió la competencia para investigarlo, después de que este renunciara a su curul en el Senado en el año 2020, por lo que ahora el expediente está en manos de la Fiscalía.
Mientras que el Consejo Estado debe pronunciarse, entre otros, sobre el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones que emitió la Contraloría General contra 26 personas naturales y jurídicas por los atrasos en la construcción de Hidroituango; aunque la aseguradora Mapfre suscribió un acuerdo con EPM, comprometiéndose a reconocer $3,9 billones por los daños en el proyecto, lo que exime a las 26 personas naturales y jurídicas del pago de estos recursos y de la responsabilidad fiscal que ello conlleva.