Se reanudó este miércoles el debate de la reforma pensional en Plenaria de Cámara, luego de que ayer se levantara la sesión por falta de quórum. Varios parlamentarios se retiraron del recinto argumentando que no tenían garantías para debatir. 

Con el tiempo en contra, debido a que este 20 de junio termina la legislatura, el proyecto está en riesgo de hundirse si no se aprueba y concilia antes de esa fecha.

Hacia las 02:49 p.m. inició la votación de los impedimentos, entre los cuales el que más llama la atención es el del presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien aseguró que cotizaba su pensión en Colpensiones. Sin embargo, esta fue rechazada por el parlamento, por lo que podrá presidir el debate.

"Ya estamos en sesión Plenaria de la Cámara de Representantes debatiendo proyectos en segundo debate. Iniciamos con la reforma pensional, y más tarde tenemos Congreso Pleno donde votaremos para escoger contralor", indicó el parlamentario.

Como se sabe, Calle es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente haber recibido $1.000 millones del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, con el fin de impulsar la aprobación de las reformas en el Congreso.

Así está el pulso para el debate

EL NUEVO SIGLO, habló con los congresistas Andrés Forero del Centro Democrático, y Martha Alfonso, del Pacto Histórico y ponente del proyecto, quienes explicaron cuál es el ambiente en la plenaria frente al último debate de la reforma pensional.

Inicialmente, el representante Forero mostró de nuevo su descontento con la reforma “nosotros hemos advertido que este es un proyecto que plantea un sistema desfinanciado, en lugar de reducir el pasivo pensional al año 2070, lo incrementa entre un 60 % y un 70 %.  Poniendo en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy, y adicionalmente plantea un tiempo de entrada en vigencia que es irrealizable porque tanto la contraloría como la procuraduría han advertido que Colpensiones no tiene las capacidades técnicas y administrativas para adelantar las transformaciones previstas en la ley en solo un año”.

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