LAS ALERTAS por inseguridad en el país hizo que la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) exhorta al Gobierno nacional a ejecutar acciones efectivas y contundentes para frenar el índice de criminalidad, sobre todo en las regiones más vulnerables de Colombia.

La organización también pidió al Ejecutivo proteger a líderes sociales, candidatos a cargos de elección popular y mandatarios locales, muchos de los cuales se han convertido en blanco de amenazas y ataques de grupos armados al margen de la ley. “La Federación Colombiana de Municipios reiteró su pedido al gobierno nacional de reforzar la seguridad del país, especialmente la de los mandatarios locales, y de brindar garantías para el ejercicio electoral que se realizará el próximo 29 de octubre”, pidieron desde Fedemunicipios.

El pronunciamiento de este gremio se da días después de que el alcalde de La Playa de Belén, Norte de Santander, Íder Humberto Álvarez, anunció su renuncia, con la intención de proteger su vida y la de sus seres queridos, en virtud de las múltiples amenazas recibidas por organizaciones criminales de alta peligrosidad.

Al respecto, integrantes de Fedemunicipios dijeron que no habían tenido noticias desde hace 20 años de que un alcalde colombiano se viera obligado a dimitir de su cargo por falta de garantías a su seguridad. La situación que se vive en la actualidad fue considerada como grave y preocupante.

Destacó que “La renuncia de un mandatario local por amenazas a su integridad física y familiar no se veía en el país desde hace más de dos décadas, cuando vivimos el primer fracaso del proceso de paz con las Farc”, señalaron desde la organización sin ánimos de lucro que representa a distritos y municipios.

De acuerdo a declaraciones de Álvarez a los medios de comunicación, las amenazas recibidas de grupos alzados en armas le han cambiado la vida. Por lo mismo, se vio en la obligación de marcharse de su municipio para despachar desde Ocaña, pero como las presiones siguieron tuvo que firmar su renuncia.

En torno a esta situación, el exmandatario local aseguró que es compleja esta situación, “al punto que una vez termine mi mandato me retiraré de la política”.

Defensoría

Ante el llamado hecho por algunos alcaldes del país por el incremento de la violencia en sus respectivos territorios y de amenazas de grupos armados, la Defensoría del Pueblo organizó reuniones con estas autoridades, con la intención de analizar la situación de seguridad y derechos humanos.

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“Algunos alcaldes nos han manifestado que se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales. Por eso, aprovecho esta reunión para revisar la situación de derechos humanos en el país y hacer un llamado a la institucionalidad que nos permita hacer un frente común, con el fin de detener la expansión y accionar de los grupos armados ilegales en los territorios”, apuntó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

También advirtió sobre algunas alertas por alteraciones de orden público en algunas regiones, más por la cercanía de las elecciones regionales, a efectuarse en octubre. “Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”, dijo el funcionario en un encuentro con más de 100 alcaldes.

Durante la reunión, se mencionó que son 75 municipios los que presentan un altísimo riesgo para que sus respectivos alcaldes puedan cumplir con su labor. Entre los más vulnerables están Puerto Guzmán en Putumayo y Cartagena del Chairá en Caquetá, donde sus autoridades se vieron en la necesidad de despachar desde otros municipios.

Aunado a lo anterior, también están Puerto Asís en Putumayo, San Vicente del Caguán en Caquetá y Santa Bárbara del Nariño, donde prevalecen las presiones constantes de parte de los grupos alzados en armas, las cuales mantienen en zozobra a la población.

Ante la crítica situación, Camargo destacó la necesidad de mantener los trabajos de vigilancia. “Las crueles acciones de estos grupos nos afecta a todos, pero, sobre todo, a las comunidades. A la estigmatización, las extorsiones, los confinamientos, la trata de personas, el establecimiento ilícito de ‘manuales de convivencia’, entre otros actos delictivos, hay que ponerles freno”, enfatizó.

De la misma manera, resaltó que “el grupo armado con mayor presencia e influencia sobre el territorio nacional son las (AGC) ‘Clan del Golfo’ que delinque o tiene injerencia en 24 departamentos y 392 municipios; principalmente, en el noroccidente y oriente del país. En segundo lugar, el Eln, con presencia en 19 departamentos y 224 municipios; de manera concreta, en todo el corredor de la frontera con Venezuela, como también en buena parte del Pacífico”, informó.