Las alarmantes cifras que revelaron la semana pasada sobre el robo de celulares en el país tienen a los colombianos preocupados, ya que según las estadísticas cada tres minutos se roban un teléfono móvil y durante un mes la cifra de hurtos de estos aparatos puede superar las 140.000 unidades.

Muchos recuerdan que el año pasado se aprobó en el Congreso una iniciativa que buscaba disminuir esas cifras y desestimular los robos de teléfonos celulares, pero que hasta hoy nada de esa ley se ha visto.

Este Diario habló con el autor de ese proyecto, el representante del Partido de La U, Alfredo Deluque, quien contó que probablemente a partir de octubre de este año se podrá poner en práctica la ley y así ayudar a disminuir con el porcentaje de robos de esos aparatos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál era la intención del proyecto?

ALFREDO DELUQUE: Era acoger un tema y una preocupación que se estaba presentando en el robo de celulares como el delito más cometido en el país. La idea era buscar cómo atacarlo y cómo bajar esos índices.

El Gobierno llegó con una propuesta de aumentar las penas para el delito de robo de celulares la cual no era muy precisa. Entonces ahí se nos ocurrió la idea basada en experiencias internacionales como la de Gran Bretaña o Francia, de crear una base de datos compartida y unificada de todas las empresas celulares que consistía en una base negativa,  que es donde están los datos de todos los celulares que tienen un origen ilícito y otra base de datos positiva donde están los celulares que tienen un origen lícito.

ENS: ¿Pero fueron tres las propuestas que arreglaron la ley?

AD: Sí. La primera de ellas es crear una base de datos positiva, porque en la medida que exista puedes saber cuáles son los celulares que tienen un origen lícito, cuáles los que están registrados y a nombre de quién, de manera tal que se complementen con la negativa y los celulares que no estén incluidos en la lista negativa ni en la positiva no podrán entrar en el mercado de los celulares lícitos.

La segunda es crear un delito y es que el que manipule los celulares con el fin de modificar el número o serial para que los celulares puedan ingresar nuevamente a la base de datos positiva incurrirá en un delito que será castigado con penas en prisión desde seis a ocho años y sin beneficio de excarcelación.

La tercera es que los celulares tienen que ser vendidos con las bandas abiertas de manera tal que con un celular pueda usar la SIM que quiera y no tenga que acudir a un mercado gris con tal de que me abran las bandas para usar el celular, aunque esta práctica no está penalizada.

ENS: ¿Cuándo debía entrar en funcionamiento la ley?

AD: Nosotros le dimos facultades a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC,  con el fin de que ellos tuvieran seis meses para hacer lo pertinente y el sistema empezara a funcionar.

El sistema empezó a operar el 1 de enero de 2012, cuando se cumplieron los seis meses pero en la práctica no ha entrado en vigor con plena efectividad

ENS: ¿Por qué no ha entrado a funcionar como es?

AD: Porque como en Colombia hay tantas bases de datos de celular y las empresas han sido, digamos, un poco rígidas al momento de su creación, entonces las bases de datos están totalmente desordenadas.

La base de datos positiva que debe tener los 47 millones de líneas que aproximadamente existen en el país registradas no está depurada y en la depuración de esos datos las empresas se han gastado todo lo que llevan del año y creen que pueden tenerla depurada el primero de octubre.

Eso es lo que ha hecho que el sistema no empiece a funcionar de manera adecuada.

Esta herramienta y las demás, hacen parte de un sistema de prevención para el robo de celulares, las empresas de telefonía han sido un poco ligeras y no están haciendo todo lo que tienen que hacer para depurar las bases de datos.

Castigar a los operadores

Creo que a los operadores celulares les hace falta ser más responsables socialmente y deberían darle mayor agilidad al proceso de depuración para que se pueda empezar a desestimular el robo de celulares en el país. La semana pasada radiqué una solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio para que me certifique el cumplimiento de esta obligación y si ellos no están cumpliendo yo creo que sí les cabrían las sanciones respectivas con el fin de que se pongan a cumplir la ley, que a pesar de ser regulada por la CRC es una ley de la República y ya tiene que estar funcionando.