La participación de funcionarios en política está prohibida por la Constitución. Es en ese sentido que la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está soportada en la investigación que inició. Sin embargo, el precedente de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al país adecuar la normatividad para que funcionarios elegidos por voto sean sancionados por orden judicial, además del momento político que vive el país por las elecciones, llevaron a exacerbar opiniones a favor y en contra de la medida.

En ese sentido, las reacciones a la suspensión del Alcalde de Medellín tienen cuatro razones principales: la primera de orden jurídico, en el sentido de si hoy la Procuraduría General está facultada para suspender funcionarios elegidos por voto, teniendo en cuenta el precedente del fallo de la Corte IDH.

La segunda razón es de carácter político, pues Quintero y sus seguidores consideran que la decisión de la Procuraduría fue apresurada y en contra supuestamente del debido proceso, presuntamente para sacarlo del cargo porque resultaría, por sus posturas, una piedra en el zapato para el poderoso Grupo Empresarial Antioqueño y sectores políticos opositores como el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe.

Un tercer aspecto, que divide opiniones sobre la medida de la Procuraduría, es el momento en que se presenta la suspensión del Alcalde por parte de la Procuraduría, cuando faltan dos semanas para las elecciones presidenciales.

Y un cuarto elemento es que los que se oponen a la gestión de Quintero y a su permanencia en el cargo, que vieron frustrada la iniciativa de revocatoria en el Consejo Electoral porque este organismo consideró que se presentaron falencias en las cuentas que presentó el comité ciudadano promotor acerca de la recolección de firmas de apoyo, ahora se regocijan con esta decisión del Ministerio Público porque consideran que el Alcalde supuestamente se sentía intocable, al punto que, según ellos, estaba participando abiertamente en política.

Razones y opiniones

La Procuraduría señala en su providencia "que mensajes y manifestaciones del Alcalde de Medellín apuntarían posiblemente a que ha cometido y está cometiendo la falta disciplinaria por estar interviniendo en política, lo que se infiere razonablemente de los elementos probatorios que obran en el proceso y sustentan la investigación disciplinaria”.

En cuanto al debate sobre si la Procuraduría está facultada o no para suspender funcionarios de elección popular, la procuradora Margarita Cabello indicó sobre el fallo de la Corte IDH que “nos imponía algunas ordenaciones específicas, entre esas la de quitarle a la Procuraduría la función de sanción con destitución e inhabilidad a los funcionarios de elección popular, para dársela a la rama judicial, y que solamente podían ser destituidos e inhabilitados mediante una decisión de carácter penal”.

No obstante, Cabello indicó que la Ley 2094 de 2021 adecuó el Código Disciplinario a los requerimientos del fallo de la Corte IDH, por lo que fue enfática en que “mientras esas normas estén vigentes, mientras la legalidad exista y mientras las reglas estén vigentes en un Código Disciplinario, la Procuraduría General de la Nación tiene que hacerlas cumplir y lo hará de una manera objetiva, equitativa”.

Por su parte, el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, quien precisamente fue beneficiado por el fallo de la Corte IDH, tras demandar primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su destitución en 2013 como alcalde de Bogotá, se preguntó por qué “con una sentencia tan clara un funcionario del Estado colombiano, que no es poder judicial, ha destituido un alcalde de elección popular. No hay ninguna razón valedera ni en la Constitución colombiana ni en la ley, ni en la Convención Americana lo que ha hecho esa funcionaria”.

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En tanto que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que “esta campaña no puede terminar desconociendo la Constitución, las sentencias de la CIDH y a la ciudadanía. Por respeto a la voluntad ciudadana las sanciones a los electos popularmente las ponen exclusivamente los jueces. Esa sentencia y demás garantías democráticas deben acatarse”.

Mientras que el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar consideró, en declaraciones a EL NUEVO SIGLO, que la decisión de la Procuraduría sobre Quintero está ajustada a derecho porque se fundamenta en la función jurisdiccional que le dio la Ley 2094 de 2021.

“Al estar vigente y tener Colombia esa postura mediante la cual consideró que cumplió la decisión de la Corte Interamericana, tiene plena competencia para tomar la medida cautelar por considerar que es una falta que ciertos funcionarios públicos participen en política”, dijo Bernal.

Elemento político

El alcalde Quintero consideró que el fallo de la Procuraduría tiene tintes políticos, supuestamente por la incomodidad que su presencia en la Alcaldía de Medellín ha generado en distintos sectores de poder, especialmente de Antioquia.

“Eso solo ocurre en las dictaduras. Ocurrió en Venezuela cuando Chávez suspendió a Leopoldo López, así, igual, con la procuradora, porque no le gustaba Leopoldo; entonces lo sacó y le tocó a la Corte Interamericana, que es una institución, es un convenio que firmamos las democracias para poder proteger la democracia -entrar a operar- (...) En Venezuela ese fue el primer acto que demostró que iban para una dictadura, la sanción a Leopoldo. Y pues la Corte termina devolviendo a Leopoldo, pero lamentablemente Venezuela sigue su camino a la dictadura”, expresó Quintero.

Por su parte la procuradora Cabello fue enfática en que jamás dejará que la vinculen “en controversias, en discusiones que van a generar más angustias para la sociedad”. Advirtió que “la democracia tiene reglas y éstas deben cumplirse”. 

De otro lado, el candidato Petro consideró que la suspensión del alcalde Quintero en Medellín “de pronto nos hace ganar”, refiriéndose al efecto que podría tener en la opinión pública y que ello se refleje en las elecciones del próximo 29 de mayo.

Concejales de Medellín

El concejal de Medellín Sebastián López Valencia (Centro Democrático) consideró, frente a la suspensión a Quintero, que “es una decisión justa y acertada, pero se demoraron mucho en tomarla. La ciudad viene en una decadencia institucional por culpa del Alcalde. Esto debería de alentar a los organismos de control para que den resultados. El único que faltaba para renunciar, para irse a la campaña de Gustavo Petro, era el Alcalde”.

En tanto que el también concejal de esta ciudad Simón Molina (Centro Democrático) expresó que “ahora hay que hacer un proceso riguroso para que se termine con una suspensión definitiva frente a todas las irregularidades, no solo participación política, sino de corrupción”.