“A un país lo cambia la voluntad de personas, no solo normas buenas” | El Nuevo Siglo
ÁLVARO GÓMEZ Hurtado, uno de los tres presidentes de la asamblea constituyente del 91
Foto archivo El Nuevo Siglo
Domingo, 4 de Julio de 2021
Redacción Política

Esta es una de las últimas conferencias pronunciadas por el dirigente conservador sobre la esencia de la reforma constitucional y lo que de ella podía esperarse. La pronunció en la Fundación Plural, a comienzos de 1995, bajo el título “El Gobierno está preso del régimen” y luego fue compilada en el libro “La Constitución contra la violencia, Memorias del Encuentro de Constituyentes”. Por considerarla un documento muy importante para entender el objetivo de la nueva Carta y cómo avanzaba cuatro años después, la publicamos en su totalidad

“CUANDO los constituyentes miramos lo que hicimos, nos sentimos ufanos. Cumplimos una magnífica tarea. Con la Constitución de 1886 se podía gobernar bien. Fuimos convocados, en forma sorprendente, para hacer un “revolcón constitucional”, y a pesar de ello, logramos producir el texto atrevido y armónico de la Constitución de 1991, con la que parece -y así lo esperamos- que también se pueda gobernar bien.

Nuestra Constitución aproximó al pueblo al conjunto de sus derechos primordiales. Los puso de presente, los declaró apetecibles. Su consecución quedó en manos de la buena política. Y la Constitución también permite hacer buena política. Es una equivocación creer que la Constitución es en sí misma una política. Tampoco es suficiente política cumplir la Constitución.

La Constitución es un conjunto de normas que procura garantizar la libertad y la dignidad de los asociados. Para ello establece el equilibrio del poder.

Invocando la Constitución se pueden hacer buenas cosas; y también perversas. Muchas Constituciones, en el mundo, han permanecido en el tiempo con vigencias precarias. Durante los 104 años en que rigió la Constitución de 1886, los colombianos nos enorgullecíamos de tener, comparativamente, un excelente Estado de Derecho.

Hay países que, por encima del orden constitucional, crean un régimen. Lo que los anglosajones llaman “establecimiento”. Se trata de un sistema de aprovechamiento de las posibilidades de mando y los gajes del poder que crea una superestructura de connivencias, que maneja la política e influye en todos los vericuetos por compromisos económicos y también por instituciones que integran el sistema constitucional. Todos ellos participan no en virtud de su importancia, sino de la magnitud de los provechos repartidos. No es un conjunto de solidaridades lo que les da cuerpo, sino un conglomerado de complicidades.

Algunos constituyentes tuvimos la pretensión de impedir la formación de ese régimen extra constitucional. Y nos atrevimos, con una decisión de alta política, a disolver el Congreso. Debería seguir la reestructuración de la justicia con el Fiscal y el Sistema Penal Acusatorio. Hasta ahí llegamos.

La clase política fue reconstruida mediante el reparto generosísimo de los auxilios prohibidos y la más abundante distribución de gajes de nuestra historia. .

La planeación, que quisimos se convirtiera en una formidable oportunidad para la democracia participativa, fue interferida en tal forma que todavía no ha llegado a existir plenamente. Y el país se está saliendo de madre no por falta de reglamentos constitucionales, sino por la sistemática negociación de las leyes que está terminando con el Estado de Derecho.

El gobierno “constitucionalmente” establecido está preso del “Régimen”. No tiene libertad de acción ni poder decisorio. Se le atribuyen en cambio todas las responsabilidades. El Régimen ha conseguido en el Gobierno un cordero expiatorio.

El Régimen es amorfo, más duradero que las administraciones, no tiene personería, evita toda responsabilidad. Pero en cambio señala al Gobierno como responsable. Al Régimen pertenecen el Congreso claro y los partidos, los grupos económicos, los contratistas y sustancialmente los periódicos.

En la Asamblea conseguimos una Constitución que permite gobernar bien. Era mucho pedir que por sí misma, sin el apoyo externo de una política purificadora, lograra tumbar al Régimen.

Pero no hemos podido limpiar la política. Se queda sucia. Hay que seguir buscando la salvación Nacional. Y es una cobardía pensar que la Constitución nos debe libertar de la política sucia.

La Carta del 91 tiene también áreas de desarrollo para nuevos procesos de paz.

Ante la posibilidad de una Paz -total no fue así la del 90-91-, deben desarrollarse nuevos conceptos de seguridad nacional y orden público.

Cuando no haya insurgencia no habrá tampoco contra-insurgencia y por lo tanto las Fuerzas Armadas cambiarán profundamente. Los conceptos constitucionales están ahí, esperando su desarrollo cuando la historia lo permita.

Pero lo que hizo posible que la Asamblea Constituyente consiguiera el más grande respaldo de un cuerpo legislativo en el siglo XX, fue su composición.

Ella correspondía a un germen de nuevo régimen político que no perduró. Fue tan sólo flor de cinco meses.

El clientelismo y la corrupción retomaron el mando en octubre de 1991.

De ello, no puede culparse a la Constitución. A un país lo cambia la voluntad de sus seres humanos, no solamente un conjunto de normas buenas.

La necesidad de un nuevo Régimen Político sigue vigente en la conciencia de los colombianos.

Así lo demostraron en las elecciones de octubre de 1994.

Fueron elegidos centenares de alcaldes y miles de concejales renovadores. Ahí está, dispersa pero viva, la fuerza política, cívica y social que puede darle una segunda oportunidad al cambio que el país vislumbró hace cuatro años.

Ahí invito a que estemos los Constituyentes y los miembros de la Comisión Especial legislativa.

Porque la división de aguas sigue siendo la que separa clientelistas y corruptos, de renovadores y demócratas.

De los primeros, la exclusividad no la tienen los partidos históricos. También en los grupos desmovilizados y en quienes siguen en la insurgencia, el clientelismo tiene muchos practicantes, diríamos que hay clientelistas armados y desarmados.

Hagamos una nueva alianza.

Por un lado, la de los clientelistas, ya constituida.

Por otro lado, la de la Constitución, de la Democracia Participativa, formada por liberales y conservadores, dirigentes cívicos y gremiales, alcaldes y concejales, diputados y congresistas, políticos y apolíticos, miembros del gobierno y constituyentes. La de quienes queremos un Estado Social de Derecho.

Que esta reunión, más que hablar de lo que ya hicimos, nos proyecte a nuevos caminos para un país que sigue, a tientas, buscándolos.