A 14 días de que arranque la última legislatura de este Congreso se prendió de nuevo el debate frente a si el Gobierno nacional insistirá en radicar el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que firmó el país en materia ambiental.
La iniciativa no tuvo trámite en el anterior periodo por falta de consenso en las posturas que han expresado distintos sectores políticos, los gremios de la producción y los ambientalistas.
El proyecto fue presentado por el Gobierno en 2020 con mensaje de urgencia. A pesar de ello, en todo este tiempo no hubo acuerdo en las comisiones segundas para darle su primer debate, aunque sí se llevaron a cabo varias audiencias públicas y foros regionales en los que los parlamentarios ponentes tuvieron la oportunidad de escuchar distintas posturas de gremios, académicos y defensores del medioambiente.
El 16 de octubre pasado la iniciativa tenía ponencia positiva de los congresistas Carlos Ardila (Partido Liberal), Lidio García (Partido Liberal), Neyla Ruiz (Alianza Verde), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS).
Posteriormente, el 4 de noviembre fue radicada una ponencia negativa firmada por el senador Juan Diego Gómez y su copartidario conservador Jaime Felipe Lozada, así como por Juan David Vélez (Centro Democrático), Gustavo Londoño (Centro Democrático), José Luis Pérez (Cambio Radical) y Anatolio Hernández (Partido de la Unidad, La U).
Tras el hundimiento del proyecto de ley el pasado 20 de junio el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, aseguró que es una prioridad de la administración de Iván Duque la ratificación del Acuerdo de Escazú. “Por eso, volveremos a presentarlo para que haga curso en el Congreso en la nueva legislatura”, dijo.
Por su parte varias organizaciones que han manifestado su apoyo a esta iniciativa señalaron en un comunicado que “se espera que el 20 de julio el Gobierno nacional, en cabeza de sus ministerios de Ambiente y Relaciones Exteriores, radique de nuevo el proyecto de ley y que lo haga con un mensaje de urgencia real. Esto permitiría que el Congreso realmente cumpla con los términos de este mensaje de urgencia, en el que se indica que el primer debate se debe llevar a cabo a más tardar 30 días después, es decir, antes del 31 de agosto”.
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El Acuerdo
En septiembre pasado, durante su intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque dijo que “estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú”, recordando que el país lo suscribió a finales de 2019.
El respectivo proyecto fue radicado con mensaje de urgencia el 20 de julio de 2020 por la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum; la ministra de las TIC, Karen Abudinen; así como los entonces jefes de las carteras de Justicia (Margarita Cabello), Ambiente (Ricardo Lozano), Interior (Alicia Arango) y Cultura (Carmen Inés Vásquez).
El 12 de diciembre de 2019, al liderar el acto de divulgación en la Casa de Nariño, el presidente Duque calificó la firma del Acuerdo de Escazú como un producto de la Gran Conversación Nacional que el Gobierno nacional inició con todos los sectores del país, entre ellos el ambiental, tras el paro nacional del 21 de noviembre.
El tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los grupos étnicos y la sociedad civil.
Durante el acto de divulgación de la firma del acuerdo, Duque destacó tres de los elementos clave que el tratado ayuda a promover: el acceso a la información pública, la participación ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el sector y la justicia ambiental, temas en los que, anotó, el país muestra ya importantes avances.
En ese certamen, el jefe de Estado le pidió al Congreso celeridad en el proceso de ratificación para poder avanzar en la reglamentación del instrumento.
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Para el mandatario es clave el aporte que hará el Acuerdo de Escazú, junto con los distintos mecanismos de cooperación amazónica, al avance del Pacto de Leticia, que lideró el Gobierno de Colombia, mediante el cual los países de la región establecieron compromisos concretos en materia de protección del Amazonas; además consideró que la firma demuestra que los colombianos podemos unirnos, por encima de nuestras diferencias, en temas fundamentales para el país, como es el caso de la defensa y protección del medioambiente.
En febrero pasado, el Acuerdo de Escazú fue uno de los parámetros de 53 propuestas para orientar la reactivación de América Latina. “Estas 53 medidas que en nombre de más de 30 organizaciones de la región haremos llegar a los gobiernos, se enmarcan en la ruta de la descarbonización, a través del Acuerdo de París, del desarrollo sostenible, mediante la implementación de la Agenda 2030 y de la gobernanza con la implementación del Acuerdo de Escazú”, explicó entonces Carola Mejía, del Grupo de Financiamiento Climático (Gflac) y cogestora de la iniciativa Reactivación Transformadora, instancia promotora de estas medidas.
Mejía agregó que el “documento es fruto de un trabajo coordinado entre decenas de organizaciones de la región, que desde sus distintos ámbitos de especialización han aportado a la construcción de recomendaciones focalizadas para los sectores de agricultura, forestal, turismo, salud, infraestructura urbana, transporte, residuos y energía”.
No obstante los gremios económicos consideran que este Acuerdo podría ser un palo en la rueda para la realización de proyectos de desarrollo, más en un momento como este, en que por la pandemia el país necesita reactivar su economía. Y no faltan los que dicen que la normatividad ambiental de Colombia es lo suficientemente fuerte para proteger los recursos naturales, por lo que no se vería menguada por el hecho de no ratificar Escazú.
El senador Juan Diego Gómez, quien fue uno de los coordinadores ponentes para el primer debate de este proyecto en las comisiones segundas, indicó a EL NUEVO SIGLO que “ese es un proyecto complejo para el país”, entre otras razones porque “ninguno de los gremios, del Consejo Gremial Nacional ni de la ANDI, ni de ninguna asociación de pequeñas y medianas industrias, emitió un concepto favorable al respecto”.