El impacto económico de la crisis en el proceso de paz con las Farc, a raíz del asesinato la semana pasada de los 11 militares en el Cauca, tiene distintas lecturas. En las toldas de la oposición se asegura que el mismo día en que se conoció la masacre se habría caído un negocio millonario que una compañía francesa iba a hacer en Colombia.
Al Senado será citado el fiscal Eduardo Montealegre, quien reveló que su despacho adelanta algunos contactos con voceros de algunas de las bandas criminales al servicio del narcotráfico (Bacrim) que han mostrado interés en conocer los mecanismos de sometimiento a la justicia.
Las reacciones al ataque de las Farc la semana pasada en Cauca, que dejó 11 militares asesinados, fueron de diverso calibre, sobre todo en los medios de comunicación radial y televisiva que buscaron opiniones de la ciudadanía al respecto, ya sea de viva voz o acudiendo a las redes sociales. Hubo reacciones de todos los calibres, desde las que no ahorraron insultos a la guerrilla, críticas ácidas al Gobierno, llamados a la cabeza fría para no romper el proceso de paz, y las que se inclinaron por la ironía para expresar su inconformismo.
En los corrillos judiciales se anuncia en voz baja que está a punto de estallar un escándalo de marca mayor en una empresa del sector público relacionada con el servicio de salud. Las versiones indican que el monto de los recursos que estaría involucrado sería multimillonario y que las anomalías extremadamente graves en materia de corrupción.
La consolidación de la Región Administrativa de Planificación Especial (RAPE)como una de las principales apuestas y avances en materia regional, fue destacada por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, durante su intervención en el foro ¿Qué alcalde necesita Bogotá?, realizadoesta semanaen la Universidad del Rosario.
En las toldas de La U se afirma que el aval o no a una eventual candidatura del exvicepresidente Angelino Garzón a la alcaldía de Cali no depende de la Casa de Nariño, ya que el presidente Santos se “ha cuidado de meterse” en ese tema, no sólo para el caso de la capital vallecaucana sino para todo el país.
Los que sean elegidos en octubre próximo para ocupar escaños en las Asambleas Departamentales podrían ser los últimos titulares de esos cargos. Por lo menos así lo indicaron a EL NUEVO SIGLO dos gobernadores según los cuales el próximo año se presentará un proyecto de acto legislativo que propondrá acabar con estas instancias legislativas seccionales, cuya utilidad siempre ha estado en el centro de la polémica.
El próximo domingo se llevarán a cabo las consultas internas de varios partidos y movimientos políticos. Uno de los pulsos más interesantes se dará al interior del Polo Democrático Alternativo, que citó a sus militantes para escoger a los 763 delegados para el Congreso de la colectividad que se realizará a mediados de mayo.
Los asesores de prensa e imagen de dos ministerios analizaban días atrás cómo les estaba yendo a sus respectivos jefes en las últimas encuestas sobre favorabilidad y calificación de gestión de los integrantes del gabinete. La conclusión de ambos es que la clasificación que arrojan dichos sondeos tiene que ser analizada bajo dos ópticas distintas.
Las relaciones en el interior de la Corte Constitucional entre el magistrado Jorge Pretelt y el resto de sus colegas son tan frías que, según una fuente del tribunal, ni siquieran se responden los saludos y “el ambiente es tan tenso que ya tiene con el estrés subido a más de un jurista”. Los magistrados auxiliares también han adoptado la actitud cautelosa y reservada de sus jefes, en tanto que las visitas de abogados y otras personas se han reducido a un mínimo.
El anuncio de la visita del papa Francisco volvió a prender las intenciones de presentar una ley de “jubileo penal”, mediante la cual el Estado colombiano, en homenaje a la presencia del máximo jerarca de la Iglesia Católica, religión que profesa la mayoría de la población, establece una rebaja en las condenas de los presos. No es la primera vez que una norma así se plantea en Colombia ni en otras partes del mundo.
Son muchas las interpretaciones que se hicieron luego de que el expresidente y senador Álvaro Uribe decidiera que su partido no debía apoyar la propuesta del senador Armando Benedetti (La U) en torno de establecer, en el marco del proyecto de reforma al equilibrio de poderes, una inhabilidad de cuatro años para que el Vicepresidente pueda aspirar a la Presidencia, lo que le cerraba la puerta al actual segundo a bordo del gobierno Santos, Germán Vargas Lleras, para lanzarse a la Casa de Nariño en 2018.