En medio de las reacciones encontradas al fallo del Consejo de Estado que dejó en firme las investiduras parlamentarias de los 12 senadores y representantes que en junio de 2012 participaron en la controvertida conciliación del proyecto de reforma a la justicia, que luego tuvo que ser objetado y hundido debido a la gran cantidad de ‘micos’ que contenía, un exalto funcionario del Gobierno en la época de los hechos, trajo a colación que hace precisamente un año a la Casa de Nariño le había tocado salir a apagar un incendio en la coalición de Unidad Nacional, al conocerse por la prensa las respuestas que el Jefe de Estado había dado a un cuestionario que el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo le había remitido, en el marco del proceso contra la docena de parlamentarios.

Aclaración presidencial

Ante interpretaciones periodísticas que daban a entender que Santos le estaba echando toda el agua sucia a los conciliadores por la fallida reforma a la justicia, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República salió a aclarar que el presidente Santos “en ningún momento ha puesto en entredicho a los conciliadores de la fallida reforma a la justicia por el hecho mismo de haber participado en el trámite de la misma. Simplemente, en respuesta a un interrogatorio escrito que le fue presentado por el Consejo de Estado, reiteró las razones jurídicas por las cuales en su oportunidad fue objetado el proyecto de reforma constitucional, que como es de público conocimiento, tuvieron que ver, entre otros motivos, con excesos en el ejercicio de las facultades de conciliación”.

Doble implicación

En el mismo comunicado se advirtió que “el Presidente no cuestionó la participación misma de los conciliadores, ni el hecho de que no se hubieran declarado impedidos por eventuales intereses, pues para la fecha estaba vigente el acto legislativo que excluía la posibilidad de presentar impedimentos para participar en el trámite de reformas constitucionales”. Las explicaciones presidenciales lograron calmar los ánimos entre algunos de los parlamentarios que insistían, de un lado, en que el Gobierno sabía de lo que fue conciliado y que incluso el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, había pedido a la coalición en las plenarias que votaran el articulado. Y, de otro, que una polémica de ese corte en plena campaña reeleccionista no era conveniente por fisurar la coalición y darle argumentos al uribismo para criticar al Gobierno.

¿Resarcimiento?

Y una más de la fallida reforma a la justicia. En las toldas del liberalismo se decía semanas atrás, antes del fallo del Consejo de Estado que absolvió a los 12 conciliadores, que a la Casa de Nariño le seguía pareciendo que la forzada salida de Esguerra para ‘pagar’ el costo político del escándalo resultó a todas luces injusta. Por lo mismo se alcanzó a considerar un ofrecimiento diplomático de primer nivel, incluso al frente de un tema jurídico internacional de hondas implicaciones para el país. Al final no se supo si se hizo tal ofrecimiento al exministro y, en caso tal, qué respondió al mismo.