Caso Orozco

Horas antes de conocerse ayer en la tarde el comunicado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en donde anunció que desistía de interponer una denuncia penal contra la columnista Cecilia Orozco, en altas esferas gubernamentales había  preocupación por el riesgo que implicaba esa querella. Según trascendió en los pasillos de la Casa de Nariño, era claro que por más que en Colombia haya separación de poderes y que el Ejecutivo no tuviera  “velas” en el asunto Corte-Orozco, a nivel internacional el eco negativo de la noticia terminaría cayendo sobre el Gobierno.

¿Contra-denuncia?

Y no paraba allí el eco de este caso.  Según trascendió ayer al mediodía, varios particulares ya estaban recabando información para sustanciar una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contra los magistrados de la Sala Penal, sindicándolos de violar los mandatos legales y constitucionales que protegen la libertad de prensa, expresión y opinión. Sin embargo, para algunos juristas una denuncia contra los magistrados no procedería fácilmente y habría que esperar a que instauraran efectivamente una acción contra Orozco y a partir de ese hecho fáctico establecer si incurrieron en algún presunto delito por acción u omisión.

Tres razones

Lo que sí resultó claro es que los magistrados de la Sala Penal tomaron en cuenta tres hechos claros para desistir de su intención de denunciar a Orozco. En primer lugar, la oposición de magistrados de otras salas del alto tribunal a interponer dicho pleito, que acarreó muchas críticas en los últimos días a la Corte. Segundo, la recomendación  del fiscal general Eduardo Montealegre a la Sala Penal para que no interpusiera la denuncia. Y tercero, las alertas de muchos sectores en torno a que plantearle un pulso a la prensa, después del escándalo de la reforma a la justicia, era prácticamente suicida.

La otra reforma

El relevo en la cartera de Hacienda trastoca un poco el debate que ya había arrancado en torno del proyecto de Presupuesto General para 2013. Incluso un parlamentario de la coalición santista indicó el fin de semana que era claro que al saliente titular Juan Carlos Echeverry varios senadores y representantes lo tenían en la mira desde hace varios meses, “por cuanto muchos no le perdonan que fue el principal impulsor de la reforma al sistema de regalías…”. Paradójicamente, el presidente Santos calificó esta reforma como una de las más importantes de la primera mitad de su Gobierno.

Más a las filas

El hecho de que el hijo del presidente Santos haya decidido entrar a pagar servicio militar al Ejército dio pie para que otros vástagos de dirigentes políticos y económicos de primer orden también estén pensando en enrolarse en la Fuerza Pública. Incluso se habla de hijos de congresistas y hasta de un ministro que estarían pensando vestirse de camuflado. Vea pues.

Acelerador legislativo

Cumplido ya un mes largo desde la instalación de la actual legislatura en algunas comisiones de Senado y Cámara hay preocupación porque el ritmo del trabajo legislativo es muy lento y varios proyectos cuyos ponentes ya debían estar rindiendo las respectivas ponencias, se encuentran prácticamente congelados. Se estaría gestando un acuerdo en varias comisiones para hundirle el acelerador al trámite de las iniciativas.