PRIMERA Y CONTANDO. Tal como lo habían anunciado varios parlamentarios del Centro Democrático, ayer comenzó la escalada judicial contra la directriz de la Fiscalía General que determinó un cambio de enfoque en los procedimientos de penalización de los desbordes violentos en el marco de las protestas sociales. La senadora uribista, María Fernanda Cabal, radicó una demanda de nulidad contra la directiva 0001 de 2024 de la Fiscalía y solicitó una suspensión provisional de ese conjunto de directrices que, en su opinión, limitan la acción penal y debilitan la capacidad del Estado para responder ante los disturbios generados en el marco de las llamadas protestas.
AL TABLERO (I). La fiscal general, Luz Adriana Camargo, será citada al Congreso para que explique los alcances de esa nueva directriz en la que, según varios de sus críticos, no solo estaría restringiendo de manera sustancial el accionar de la Fuerza Pública para proceder a despejar vías, recurriendo al uso legítimo de la autoridad, sino que, además, algunas de sus recomendaciones en torno a la tipificación y calificación de los delitos cometidos en el marco de los desórdenes violentos rayaría en una “invitación” para que jueces y fiscales desconozcan los mandatos de la reglamentación penal vigente.
AL TABLERO (II). “… La directiva de la fiscal general raya en lo insólito… No solo porque está invadiendo los terrenos de legislaciones en firme como las de los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Policía…, sino que está interfiriendo en reglamentos y protocolos operacionales de la Fuerza Pública… Todo eso se puede ajustar si así lo quisiera la Fiscalía, pero para ello debe presentar los proyectos de ley e incluso uno o dos actos legislativos al Congreso… Veo una clara extralimitación de funciones y un riesgo para que comandantes de la Fuerza Pública, jueces y fiscales terminen quedando en la mira de procesos penales y disciplinarios por prevaricato, ya sea por acción u omisión… Prima la ley sobre las directrices institucionales, que son un elemento menor en la jerarquía normativa, claramente”, precisó un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia a EL NUEVO SIGLO.
AL TABLERO (III). La misma fuente agregó que “… los uniformados serán los más afectados, ya que pueden terminar siendo objeto de procesos y sanciones impulsadas por ciudadanos afectados por la falta de respuesta, legítima y amparada, de la Policía e incluso de las Fuerzas Militares a una protesta social que desemboque en violencia, poniendo en peligro la vida, bienes y derechos de los no protestantes”.
EL ÚNICO QUE CUMPLIÓ. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, fue el único funcionario que atendió la citación de la Comisión Legal de Cuentas, en la que presentaría un informe completo al Congreso sobre la situación de la deuda pública con corte a 2023. Compareció acompañado de varios contralores delegados. A la sesión estaba citada también la procuradora Margarita Cabello, quien no se hizo presente. Ante la ausencia de varios de los altos funcionarios, el vicepresidente de la Comisión, el parlamentario Álvaro Henry Monedero Rivera, llamó la atención sobre esta situación irregular y recordó a quienes faltaron la importancia y obligatoriedad de rendir informes ante el Congreso.