Los ecos del debate sobre los presuntos nexos del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe con el paramilitarismo seguían escuchándose ayer. Los más sonoros fueron los relacionados con las reacciones encontradas de la opinión pública frente a lo que algunos consideraron un “espectáculo bochornoso” y otros “un repaso por las violencias cruzadas” que han azotado a Colombia. Incluso uno de los más veteranos senadores, José David Name,   dijo ayer a varios periodistas en una charla informal que “si por él fuera no volvía a la plenaria” porque con tanto “fantasma” sobre las guerras pasadas y presentes que salieron a “asustar” en el debate del miércoles, se debería contratar un “exorcista” para “limpiar” el recinto y sacarle tanta mala energía. “… Yo traería a Regina 11 que ya tiene experiencia parlamentaria”. Sin comentarios.

Reforma al reglamento 

Más allá de las reacciones sobre demandas y contrademandas que dejó el sonado debate, lo cierto es que para varios parlamentarios lo que está claro es que el Reglamento Interno del Congreso debería ser reformado. Para algunos senadores la modificación debe ir encaminada a que se prohíba de manera taxativa que un congresista pueda plantear un debate de manera directa y personal a otro. Otros parlamentarios, por el contrario, sostienen que el ajuste debe ir dirigido a sancionar a los congresistas que en sus intervenciones en las plenarias y las comisiones hagan señalamientos a sus colegas, pero se retiren del recinto sin esperar a las respectivas réplicas.

Nada de nada 

Un exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dijo ayer a un periodista de EL NUEVO SIGLO que los anuncios de denuncias que van y vienen tras el debate entre Uribe e Iván Cepeda, y en el cual más de un parlamentario y particular resultó salpicado con señalamientos graves, sólo sirven para “ganar vitrina” en la prensa, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional es muy taxativa en torno a que “la garantía institucional de la inviolabilidad (art. 185 de la Constitución) priva, de manera absoluta, a la Corte Suprema de competencia para investigar como delitos los hechos inescindiblemente ligados a las opiniones y votos emitidos por los congresistas en el recinto parlamentario y en ejercicio de tal función”. Esa premisa fue confirmada en 1999 al fallar una tutela a favor de la hoy senadora liberal Viviane Morales.

Al tablero 

Un debate de control político será planteado en el Congreso para analizar los alcances del anuncio del presidente Santos en torno a que se agilice la expedición de las licencias ambientales para proyectos de infraestructura. Como se sabe, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, adscrita al Ministerio de Ambiente, viene trabajando ya un borrador de decreto al respecto, y varios parlamentarios están interesados en saber en qué consiste esa agilización del proceso. Para ello se citarán a los ministros de Ambiente, Gabriel Vallejo; de Transporte, Cecilia Álvarez; de Transporte, Natalia Abello; e incluso se analiza si es posible citar o invitar al vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien está encargado de todo lo relativo a las obras de infraestructura.