Trascendió que un grupo de empresas de infraestructura ha hablado con parlamentarios para analizar si es posible impulsar un acto legislativo que acelere los procesos de expropiación por vía administrativa. La idea, según se conoció, es que se cree una especie de “vía rápida” ofast track (similar a una herramienta ejecutiva del gobierno de E.U. para negociar acuerdos internacionales) que en casos muy específicos le permita el Estado tomar posesión casi automática de predios o bienes de particulares que se requieren para adelantar de manera urgente obras de infraestructura de gran impacto o de extrema necesidad para asuntos económicos.

Expropiación (II)

Según lo conocido por EL NUEVO SIGLO, la idea nació de un análisis que se hizo en torno de cuántos proyectos de construcción de carreteras, puentes, infraestructura hidroeléctrica, agraria y otros, se encuentran paralizadas o funcionan a medias porque los propietarios de los predios que se necesitan para esas obras no logran acuerdos con entidades oficiales o concesionarios privados para venderlos y entregarlos de manera expedita. 

Expropiación (III)

“… Lo que se busca es hacer algo parecido a lo que se hizo años atrás con los bienes decomisados con fines de extinción de dominio… Como estos procesos duraban años y el Estado, a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), tenía que pagar por su administración y responder por los mismos, se decidió que en algunos casos los bienes incautados, desde fincas, casas, edificios y otros, podrían venderse así no hubiera sentencia de extinción de dominio en firme… Si en el juicio el particular podía comprobar que no hubo origen ilícito en la propiedad, entonces el Estado lo indemnizaba con el costo del bien y los perjuicios causados… Pero la medida sirvió para descongestionar un poco a la DNE, monetizar bienes que se sabía pasarían al Estado e incluso para financiar  construcción de cárceles”, explicó una fuente parlamentaria.

Sin “casamenteras”

Como “casamenteras fracasadas” calificó un congresista de La U a quienes en el Partido insisten en buscar fórmulas de acercamiento entre el presidente Santos y el exmandatario Álvaro Uribe. De acuerdo con el parlamentario, que habló en tono confidencial con periodistas, el divorcio entre Santos y Uribe es definitivo pero hay “viudos de su poder e influencia” de un lado y otro que insisten en que se vuelvan a juntar, cuanto está claro que tanto al uno como al otro lo que más les conviene en estos momentos “es diferenciarse lo más posible”, pues el Presidente busca la reelección y el exmandatario atravesársele como sea posible.

Protestas con póliza

Se está redactado un proyecto de ley que obligaría a las alcaldías a que exijan, como pre-requisito para dar los respectivos permisos, a los organizadores de marchas y manifestaciones, la firma de pólizas de seguros que amparen la reparación de daños en bienes civiles o públicos así como otro tipo de afectaciones que se puedan producir durante la realización de las movilizaciones, cuando desembocan en asonadas, saqueos y refriegas con la Fuerza Pública. Se están examinando desde jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la protesta hasta sentencias del contencioso-administrativo sobre responsabilidad de la Nación en daños a terceros. Una vez esté claro el marco normativo, la iniciativa sería radicada.