Varios de los gobernadores de la Costa Caribe continúan esperando que la Casa de Nariño decrete el estado de emergencia social y ambiental en algunas zonas de esa región debido a los graves efectos de la sequía, que no sólo pone en peligro la salud de los habitantes sino que ha impactado el nivel de vida de muchas personas cuyos empleos en el sector agrícola prácticamente han desaparecido por cuenta de la disminución de la rentabilidad de los cultivos debido a las altas temperaturas. Ya hace tres semanas el Gobierno analizó la posibilidad de acudir a esa declaratoria de emergencia y la descartó por considerar que acudir a esa figura no tendría un mayor impacto en el plan de contingencia ya delineado para hacer frente al fenómeno climático de El Niño.

El campanazo

Días atrás, en entrevista con EL NUEVO SIGLO, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, advirtió que si se revivía la reforma a la justicia que se hundió hace ya dos años, se generaría un caos institucional. El titular de la cartera judicial se refirió, por ejemplo, a que la iniciativa que se archivó por cuenta de las inéditas objeciones presidenciales a un acto legislativo, preveía que los períodos de los magistrados fueran de 12 años. Si la norma entrara en vigor, entonces los juristas que han salido de las altas Cortes en los últimos dos años al cumplir los períodos de ocho, podrían pedir su reintegro para completar sus 12 años. Ello implicaría, entonces, sacar de los escaños a los magistrados elegidos para remplazar a quienes salieron desde mediados de 2012.   

No hay riesgo

Un periodista de EL NUEVO SIGLO consultó sobre ese temor a un magistrado de una de las altas Cortes, quien descartó que si entrara en vigencia la reforma a la justicia se generara tal problema entre los derechos de los magistrados que salieron de los máximos tribunales en los últimos dos años y los que fueron designados para remplazarlos. “… La jurisprudencia de la Corte Constitucional es clara en torno de que esa reforma nunca entró en vigor porque no fue promulgada por el Jefe de Estado ni, en su defecto, por el Congreso… Los cambios de magistrados se hicieron, entonces, al amparo de la legislación vigente que prevé períodos de ocho años, razón por la cual los togados que salieron al cumplir este tiempo fueron removidos de forma correcta tanto legal como constitucionalmente… Si se resucitara la reforma judicial hundida, sus efectos sólo operarían hacia adelante y no de manera retroactiva, eso es absolutamente claro”, precisó el magistrado.

Campañas criollas

Varios dirigentes gremiales estudian la posibilidad de enviarle una carta abierta a la Casa de Nariño en la que pedirán al Gobierno que cumpla con las directrices legales que lo obligan a promocionar entre los colombianos que compren productos hechos por la industria nacional. Tiene como ejemplo lo que pasa en países como Chile y Perú, que si bien tienen TLC firmados y vigentes, no por ello dejan de hacer campañas institucionales para que sus ciudadanos apoyen a la industria y comercio locales.