“Los lagarteos políticos en la Policía”. Ese fue el título de la columna de opinión que en la edición del miércoles de este diario publicó el exdirector de la Policía, general (r.) Luis Ernesto Gilibert. “… Ese entendimiento… es horizonte que permite a los mandos institucionales captar el fondo y razonar claramente el motivo de ciertas solicitudes presentadas ante los superiores, por algunos candidatos o líderes electos, que presionados de sus seguidores buscan tratamientos especiales para cierto personal de planta institucional, vinculado familiar o afectivamente con el entorno político”, dijo Gilibert, al tiempo que advirtió que esa práctica tiende a convertirse con el paso del tiempo en “estrategia o fuerza política que altera el libre desarrollo operativo de la institución”, e incluso, ante la negativa a las sugerencias políticas en algunas ocasiones se genera “disgusto o antipatía creando indisposición hacia el oficial comandante”.
“Lagarteo” en Policía (II)
¿Quiénes están lagarteando ante la Policía? Esa es la pregunta que quedó en el aire tras la columna del exdirector de la institución, más aún cuando queda claro que el lobby que realizan los “candidatos o líderes electos” es para tratar de favorecer a determinados uniformados cercanos a sus familias o entorno político. Un también exalto oficial de la Policía le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que la denuncia de Gilibert, “por más diplomática que sea”, debería ser investigada por el Ministerio de Defensa para “poner al descubierto quiénes son los “lagartos” que están pidiendo “favores”, de qué partidos y quiénes los oficiales que quieren “beneficiarse” de los mismos. Vea pues.
Intocable
“Suicida”. Ese fue la palabra que utilizó una alta fuente gubernamental al responder, en charla off the record con varios periodistas, por qué el Gobierno no se le medía a una reforma a la acción de tutela. “… Es claro que hay quienes piensan que los excesos de la tutela son los que no han permitido que haya jurisdicciones de cierre en lo penal, laboral ni contencioso-administrativo, por lo que las altas Cortes se pueden revisar o revocar fallos tomados por cada una de ellas en lo que debería ser una última instancia… Pero para la ciudadanía la tutela es literalmente intocable y ni este u otro gobierno se va a arriesgar a ponerle límites ni cortapisas, por lo menos no hasta que la justicia ordinaria sea claramente más eficiente y pronta”, dijo la fuente consultada.
Farc y Wikileaks
Ahora que está otra vez sobre el tapete el caso del extraditado cabecilla de las Farc, alias Simón Trinidad, cuyo caso, según lo dijo esta semana el presidente Santos, sería discutido con el gobierno Obama, se recuerda que también salió a relucir en el sonado escándalo de wikileaks, relacionado con la filtración a la prensa de miles de cables diplomáticos secretos del Departamento de Estado norteamericano. De acuerdo con uno de esos cables filtrados, el gobierno Uribe habría insistido al Departamento de Justicia que pidiera en extradición a Ricardo Palmera, verdadero nombre del cabecilla guerrillero, pero la embajada en Bogotá habría indicado al Departamento de Estado que en esos momentos Trinidad no enfrentaba cargos criminales en E.U. Sin embargo, la extradición sí se concretó por cargos de narcotráfico y secuestro, dando lugar a una condena por el segundo caso.