Ha sorprendido la ardua campaña que viene adelantando el excandidato a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, Aurelio Suárez, para integrar la terna de candidatos a la Federación Nacional de Cafeteros que se definirá la semana entrante. El dirigente político realiza una intensa gira por distintos departamentos productores para lograr su apoyo y se afirma que ya tiene algunos compromisos de respaldo avanzados.

Pulso etílico

Uno de los temas que más controversia promete generar en este segundo semestre en el Congreso será el proyecto de ley del Ministerio de Hacienda que buscará reformar las entidades sin ánimo de lucro, licores y otros monopolios. La última vez que este tema (licores)  se planteó en el Parlamento fue al comienzo de este año cuando se discutía el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo y una de las propuestas gubernamentales fue, precisamente, la que planteaba la posibilidad de aumentar el impuesto al consumo de los licores, vinos, aperitivos y similares. Apenas empezó a ser debatido, de inmediato generó mucha resistencia entre los parlamentarios, al tiempo que avivó la protesta casi generalizada de los gobernadores y de su principal instancia de vocería, la Federación Nacional de Departamentos. La oposición también se dirigió a otro artículo que buscaba unificar el tratamiento tributario a los licores nacionales e importados.

No pasó en PND

Ambas propuestas, pese a la defensa que hicieron el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la DIAN, Santiago Rojas, no prosperaron. El lobby de los gobernadores (las licoreras departamentales son parte clave de sus ingresos rentísticos) así como de los gremios que producen licores a nivel interno fue tan eficiente que los artículos no fueron aprobados por las comisiones económicas conjuntas, es decir, que ni siquiera llegaron a las plenarias de Senado y Cámara. Aunque el Ejecutivo insistió en que las rentas departamentales no serían afectadas y que los licores importados siempre serían más caros que los nacionales, e incluso afirmó que el tema ya había sido socializado con los gobernadores, al final las bancadas regionales no le dieron el visto bueno al ajuste tributario ‘etílico’.

TLC y OCDE

Sin embargo, desde ese mismo momento el Gobierno anunció que en la próxima legislatura iba a insistir en la reforma tributaria en materia de licores, puesto que esos ajustes hacen parte de varios de los Tratados de Libre Comercio (TLC) ya firmados con algunos países, al tiempo que también figura dentro de la lista de pendientes que tiene Colombia para poder cumplir los estándares de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es una de las prioridades del gobierno Santos. ¿Si el Congreso ya dijo no a este ajuste tributario en materia de licores, cambiará de opinión precisamente en un semestre enfocado en la campaña para elegir mandatarios departamentales y municipales que, obviamente, no ven con buenos ojos una iniciativa que afecte la principal fuente de recursos para la salud y el deporte a nivel seccional? No hay que olvidar que las licoreras dan a los departamentos más de 1,6 billones de pesos anualmente.

Anticontrabando

Lo cierto es que el proyecto de ley tendrá que ser presentado y que, seguramente, el pulso entre las condiciones de mercado y competitividad para los licores nacionales e importados volverá a presentarse, con los mismos protagonistas. Sin embargo, los gobernadores consideran que la iniciativa no es del todo contraproducente, ya que por esa vía se podrían establecer nuevos mecanismos para que el Estado pueda controlar las importaciones de licores y su venta a nivel regional y local, ya que el contrabando y la evasión tributaria continúan siendo el principal enemigo de las licoreras departamentales, las rentas seccionales y, por esa vía, del presupuesto para la salud y el deporte.