Hoy hace precisamente un año se daba inicio en la Mesa de Negociación de La Habana al segundo ciclo de conversaciones sobre el punto de Participación Política del Acuerdo General. La fecha se trae a cuentas porque en esa ocasión varios de los críticos del proceso de negociación con las Farc advertían que la guerrilla no aceptaría firmar un acuerdo en el que no quedara estipulado cuántas curules del Congreso les corresponderían por derecho propio y firmado también por el Gobierno que los cabecillas subversivos, por más que estuvieran sindicados o condenados por delitos de lesa humanidad, tenían asegurada su participación en política y actos electorales.

De aquello, nada…

Cuatro meses después, el 6 de noviembre, las delegaciones de negociadores anunciaban el acuerdo sobre ese complicado segundo punto. Si bien hubo puntos específicos sobre “derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final” no se hizo mención alguna a número de curules o compromiso de que culpables de delitos atroces y de lesa humanidad podían participar en política.

Circunscripciones de paz

Es más, en el aparte sobre  promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harían cambios institucionales para facilitar “la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos”. Sin embargo, no se fue más lejos. Incluso, fue tal la generalidad en este aspecto que el punto que más polémica generó en noviembre fue el pacto para la “creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono”.

Para víctimas

Esas circunscripciones, según el acuerdo, permitirían que durante un período de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Los críticos del proceso de paz se apresuraron a decir que por esa vía era que se iban a crear las curules especiales para las Farc, a lo que el Gobierno ripostó que esas curules eran para víctimas del conflicto y la ausencia estatal y que, por lo mismo, se garantizó aquí que habría garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores.

Para después

Incluso, lo más puntual que se dijo en ese acuerdo de noviembre sobre el papel político y electoral de las Farc, quedó supeditado al último punto de la agenda, es decir, el que se abordará después de terminar el actual en La Habana, referido a las víctimas. “Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las Farc a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda”, puntualizó el acuerdo de noviembre sobre participación política, el mismo que el 1 de julio de 2013 los detractores del proceso veían imposible de alcanzar a menos que el Estado cediera a las exigencias de las Farc sobre curules automáticas en el Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales, así como garantía de plena participación política a todos sus cabecillas. Al final, nada de eso pasó… ¿Aves de mal agüero?