Como se sabe, al fiscal general Eduardo Montealegre se le está agotando el periodo, que se vence a finales de marzo. Sobre su inmediato futuro continúan las especulaciones. Algunos dicen que volverá a la práctica profesional privada, aunque tiene limitaciones. Otros que una universidad de alto perfil lo tiene en la mira como rector o decano de la facultad de Derecho. No faltan los que sugieren que el Gobierno le daría algún papel protagónico en el proceso de paz y hasta que podría ser postulado para integrar el Tribunal Especial de Paz que crearía la “jurisdicción especial de paz” pactada con las Farc. También surgió el rumor de que iría al extranjero, ya sea en misión académica o diplomática.
De virus en virus
Algunas crisis en Colombia parecen ser cíclicas. Por ejemplo, hace un año, por estas mismas fechas, el Gobierno lanzaba varias alertas en torno al virus del Chikunguña, por lo que todo el sistema de salud se encontraba advertido de los protocolos para manejar una enfermedad que sumaba centenares de contagiados semana tras semana. “Este virus llamado Chikunguña es un fenómeno nuevo, un fenómeno nuevo que llegó a América hace menos de dos años y que se propaga en forma inevitable. O sea, evitar el virus es imposible”, señalaba por entonces el presidente Santos. Un año después la amenaza ya no es el Chikunguña, sino el Zika. Desde el inicio de la transmisión autóctona de esta última enfermedad en Colombia, en el segundo semestre de 2015, se ha confirmado por laboratorio la circulación de este virus en 159 de los 951 municipios y centros poblados cuya cabecera se encuentra entre 0 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, con un total 736 casos confirmados. Así mismo, se han notificado 9.280 casos sospechosos.
Vía de extinción (I)
Aunque no fue ese su objetivo primario, lo cierto es que muchos líderes animalistas consideran que la Ley contra el Maltrato Animal que sancionó días atrás el presidente Santos, puede estar significando el principio del fin de los vehículos de tracción animal, mal llamados “zorras” o carretas jaladas por caballos. La norma, que modificó el artículo 655 del Código Civil, sobre bienes muebles, y pasó a reconocer a los animales como seres sintientes, establece multas que van desde 5 a 50 salarios mínimos legales vigentes mensuales, para quienes incurran en actos dañinos y de crueldad en contra de los animales. Establece, igualmente, una pena de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de uno a tres años, y multa de 5 a 60 salarios, para quien cause la muerte o lesione gravemente la salud o integridad física de los animales silvestres, domésticos y amansados.
Vía de extinción (II)
“… Casi todos los zorreros maltratan a sus caballos, los hacen jalar cargas imposibles y su alimentación y salud es pésima… Si se aplica la norma, entonces, los vehículos de tracción animal empezarán a desaparecer poco a poco”, dijo un reconocido líder animalista, según el cual ya están instruyendo a todos sus grupos de activistas a nivel nacional para que hagan cumplir la norma que faculta a la Policía Nacional y a las autoridades policivas competentes para que efectúen la “aprehensión material preventiva de animales”, sin que medie orden administrativa o judicial previa, cuando tengan conocimiento o exista un indicio de conductas que constituyan maltrato animal. “No sólo serán los mal llamados zorreros los que aquí van a caer, sino los coches turísticos jalados por caballos en varias ciudades turísticas, ya que hay muchos casos de maltrato y abuso de los animales”, dijo.