Aunque siempre se habla de que las Farc están interesadas en que Estados Unidos excarcele al condenado y preso cabecilla guerrillero, alias ‘Simón Trinidad’, lo cierto es que ese grupo insurgente tiene un listado más amplio de nombres de presuntos subversivos que hoy se encuentran en prisiones de EU y que urgen sean enviados a La Habana o incluso a Colombia. Es más, trascendió que la guerrilla está esperanzada en que el presidente Obama, que termina su periodo en enero de 2017, contemple en la lista de indultos (una tradición muy propia de todos los mandatarios de la Casa Blanca en su último día de gobierno) el nombre de ‘Trinidad’ y otros guerrilleros presos como un último gesto suyo de apoyo al proceso de paz en Colombia.
12 nuevos magistrados
Poco eco se le hizo a una noticia clave para el sector judicial la semana pasada: la Corte Constitucional declaró exequible el proyecto de Ley Estatutaria que crea cuatro salas de descongestión y designa a doce magistrados que trabajarán por ocho años para superar el represamiento de procesos por más de 17 años en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Cada sala tendrá tres magistrados de descongestión, los cuales, eso sí, no podrán generar nueva jurisprudencia, tampoco harán parte de la Sala Laboral ni del pleno de la Corte. Hoy por hoy hay 17 mil procesos por pensiones y pleito laborales represados y casi 10 diez mil siguen llegando anualmente. De allí que mientras que en el estándar internacional un proceso dura máximo 3 años, en Colombia cerca de 11 años.
Otra reforma
Sorpresa generó en el Congreso el anuncio la semana pasada del Ministerio de Justicia en torno a que presentará una nueva reforma a la ley 640 o Ley de Conciliación, cuyo objetivo es evitar que las diferencias entre la ciudadanía no lleguen al extremo de los procesos penales, civiles y administrativos, sino que se puedan resolver en instancias prejudiciales. “… No recuerdo ministro de Justicia de los últimos años que no haya presentado una reforma sobre este tema y todos dicen que la suya sí será la que definitivamente disminuya la gran carga procesal en los juzgados”, precisó un senador de la Comisión I, para quien el problema de la instancia de conciliación ya no es “típicamente” normativa, sino operativa, “porque en gran parte la gente no conoce el Sistema Nacional de Conciliación y muchos de los que llegan a esta instancia de solución extrajudicial de conflictos, lo hacen por la remisión de la misma instancia judicial”.
130 mil casos
El año pasado, según las estadísticas del Gobierno, fueron tramitados en el Sistema Nacional de Conciliación cerca de 130 mil conflictos relacionados, principalmente, con asuntos civiles y de familia. El nuevo proyecto de reforma buscará ahora consolidar las normas sobre la conciliación en derecho y equidad en un solo estatuto. También se ajustará la relación oferta/demanda para reorganizar los operadores de la conciliación y fortalecer los respectivos centros, sobre todo en poblaciones más vulnerables y zonas afectadas por el conflicto armado. Otro de los objetivos será eliminar un exceso de trámites, que aleja a la ciudadanía de esta alternativa de solución de conflictos.