No están muy contentos algunos gobernadores por la forma en que los congresistas que apoyan ambas campañas presidenciales se han volcado las últimas semanas a prometer que el “próximo gobierno” -obviamente según la orilla en que esté ubicado el parlamentario en cuestión- va a reformar la Ley de Regalías para establecer un mecanismo de compensación presupuestal para aquellas regiones productoras que vieron mermados sus dineros por cuenta del nuevo esquema de repartición de los recursos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables, como el petróleo o el carbón. De acuerdo con algunos mandatarios seccionales, tras dos años de montaje y puesta a punto, el nuevo esquema de distribución e inversión de las regalías ya está funcionando y sería un error plantear un nuevo ajuste ahora que todas las herramientas normativas y procedimentales están medidas en los planes de desarrollo departamentales y municipales. “… La compensación a las regiones productoras debe provenir de otras fuentes presupuestales y no del mismo saco de las regalías”, precisó un mandatario regional a un periodista de EL NUEVO SIGLO.

Escudero del Marco

La intervención del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, la semana pasada ante la Corte Constitucional, en defensa del Marco Legal para la Paz, llamó la atención de varios juristas por algunos de los argumentos expuestos.  “… Sostener que tras la firma de los acuerdos la consecuencia sea la negación de la incorporación civil y de la participación política de los desmovilizados, no solo haría inviable un proceso orientado a la solución del conflicto armado, sino que entrañaría una contradicción insostenible y se convertiría en un factor que podría revertir con peores consecuencias para la paz negociada”, advirtió el titular ministerial ante los magistrados.

No se cumplió

En la parte de reflexiones finales, Gómez Méndez indicó que “no podemos olvidar que de alguna manera la historia de nuestra violencia política encuentra en la exclusión, la intolerancia y el exterminio de los adversarios su causa más dramática. La Constitución de 1991 en su génesis fue una elocuente expresión de la urgencia de reconciliación y de paz. La Constitución permitió la incorporación a la vida democrática de varios grupos armados desmovilizados gracias a acuerdos con el Gobierno de la época y estableció también en varias disposiciones transitorias mecanismos para favorecer su participación política”, precisó el Ministro, al advertir, a paso seguido que “los objetivos de la paz definitiva y estable trazados por la Carta de 1991 no se han cumplido, el conflicto armado persiste con sus manifestaciones y consecuencias devastadoras”.

Doble condena

Luego Gómez Méndez pasó a hacer lo que varios de los presentes en la audiencia percibieron como una dura crítica a los enemigos del proceso de paz, precisamente en época electoral. “…Es moralmente inaceptable que por razones políticas se quieran colocar talanqueras de apariencia jurídica a la posibilidad cierta y real de parar para siempre este absurdo baño de sangre”, sostuvo el Ministro, para rematar indicando que “… así como los colombianos hemos estado condenados a sufrir la violencia armada desde hace 62 años, y así como hemos ensayado varias veces hacer la paz, estamos condenados a buscarla como fuese, por mandato expreso de la Constitución Política y porque sobre cualquier pacto internacional prevalece la potestad del Estado para convertir, pactar, reconciliar y buscar métodos de justicia que permitan la transición de la guerra y la paz”.