No todos los parlamentarios del uribismo quedaron contentos con la firma del acuerdo multipartidista el miércoles pasado que permitió una votación unánime en las plenarias de Senado y Cámara al proyecto de reforma a la Ley de Orden Público que da vía libre a las zonas de ubicación. Algunas voces en la bancada dieron a entender que se podía estar cayendo en una postura “cándida”, puesto que todos los condicionamientos aprobados para el funcionamiento de las zonas no quedaron explícitos en el articulado y es muy posible que en la Mesa de La Habana las Farc se opongan a varios de ellos, sin que haya seguridad de que el Gobierno no terminará cediendo, como ha sucedido en muchas ocasiones.

Caso Odebrecht (I)

Tuvo eco una advertencia que hiciera el senador Jaime Amín, uribista, al analizar las implicaciones de la condena a 19 años de prisión impuesta por la justicia brasileña a líder empresarial Marcelo Odebrecht por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el multimillonario fraude de aproximadamente 8 mil millones de dólares a la estatal Petrobras. Amín recordó que el grupo Odebrecht  tiene adjudicadas en Colombia las obras del segundo tramo de la ruta del sol, el dragado para la navegabilidad del río Magdalena y la transversal de Boyacá fase 2 por un valor superior a los 3 billones de pesos. “De acuerdo con el artículo primero del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), el grupo empresarial Odebrecht quedaría inhabilitado para contratar en Colombia hasta por 20 años, tal y como lo advirtió el mismo vicepresidente German Vargas Lleras en junio del año pasado cuando fue capturado el entonces presidente de la compañía”, indicó el congresista uribista.

Caso Odebrecht (II)

Según Amín, cuando se conoció la imputación de Odebrecht en el escándalo brasileño conocido como "Lava Jato", el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),  Luis Fernando Andrade, dijo que en ese momento no era posible frenar los contratos debido a que se necesitaba tener condenas para poder actuar de manera contractual contra la firma por el principio de presunción de inocencia. Ya proferida la sentencia, entonces se cumpliría ese presupuesto. De allí que el senador llamó al Gobierno a revisar con lupa cada uno de los contratos suscritos por la multinacional y el Estado colombiano “para determinar si dicha empresa pudo haber incurrido en actos de corrupción en la adjudicación de contratos en nuestro país”.

Desconfianza roja

En algunos círculos políticos se especula que al liberalismo se le va a respetar la cuota en la Defensoría y que, por ello, era prácticamente segura la elección del exparlamentario y alto funcionario de la Casa de Nariño en derechos humanos, Guillermo Rivera. Aunque La U impulsará la candidatura de Carlos Negret e incluso hay parlamentarios de esa colectividad que advierten que los liberales quieren “pan y queso” (en referencia a que también aspiran a la Fiscalía General), el guiño del alto gobierno se inclinaría por la carta de las toldas rojas, lo que tiene desconfiando a más de un congresista liberal en torno a lo que ello podría significar de cara a la sucesión de Eduardo Montealegre en el ente acusador.