El debate al proyecto de ley que propone una rebaja de una quinta de parte de la pena a los condenados por la justicia, aunque con algunas excepciones, impactó en la plenaria del Senado el miércoles en la noche. La iniciativa que tiene como ponentes a varios parlamentarios conservadores fue puesta en el orden del día y aunque sólo estaba el senador Juan Manuel Corzo para defenderla e incluso éste pidió su aplazamiento para cuando hubiera mayor quórum, debido a que era obvio que habría controversia, el presidente del Senado, José David Name, le dijo que esa iniciativa iba a ser polémica “hoy, mañana, pasado mañana”, razón por la cual lo mejor era arrancar en la plenaria el debate, sobre todo porque había siete impedimentos de parlamentarios con familiares presos, que era necesario votar para establecer si se aceptaban o no.
Súper impedido
Se pusieron, entonces, a consideración los impedimentos, en un proceso que sería largo y tedioso por tratarse de un mecanismo nominal. Sin embargo, cuando apenas si se estaba poniendo a consideración el primero, un senador pidió la palabra y dijo que como él tenía una investigación preliminar en la Corte Suprema, entonces se declaraba impedido, ya que votar una rebaja de penas lo pondría en un posible conflicto de intereses y, por ende, en la mira de un proceso de pérdida de investidura. ¡Ahí fue troya! Casi de inmediato pidió la palabra el senador y expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que si la cuestión era así, él debía declararse “súper impedido”, pues tiene investigaciones en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la Fiscalía y la Corte Suprema. Otro senador uribista, José Obdulio Gaviria, le siguió en la misma postura de apartarse del debate sobre la rebaja de penas.
De 8 a 20
De esta forma, casi de inmediato el número de impedimentos prácticamente subió a más de 20. Asomaba, entonces, un sendero a la catástrofe del proyecto. El senador Luis Fernando Velasco intervino indicando que no deberían declararse impedidos quienes tuvieran investigaciones preliminares, pues esta es una fase previa de los procesos penales, sino sólo aquellos parlamentarios ya llamados a indagatoria o con imputación de cargos, pues esta sí era una vinculación formal y, por lo tanto, sí existía un conflicto de intereses al votar una eventual reforma de rebaja de penas.
Mejor aplazar
La cuestión se complicó y le tocó al senador Luis Fernando Duque leer el texto del proyecto, poniendo en claro varios hechos puntuales. Primero, que la iniciativa sí plantea un rebaja de la quinta parte de la pena “a la entrada en vigencia de la presente ley y a quienes dentro del año de vigencia de la ley sean condenados”. Pero se excluye de dicho beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad, violencia sexual contra menores de edad, delitos relacionados con el conflicto interno armado (ya que para ellos está el Marco Jurídico para la paz y la justicia transicional) y los servidores públicos con nexos con grupos al margen de la ley. Léase parapolítica y farcpolítica. Al final, la cuestión se complicó tanto que fue necesario aplazar el debate y crear una comisión para revisar el tema de los impedimentos.