Sorprendió la aprobación la semana pasada, en la Comisión Primera del Senado, del proyecto de ley que descriminaliza conductas como disparos al aire, inasistencia alimentaria, injuria y calumnia, expedición de cheques sin fondos e inducción a la prostitución. La iniciativa, que tuvo apoyo unánime en esa célula congresional, se creía que iba a tener mayor oposición de los senadores debido no sólo al alto impacto de las conductas que se pide despenalizar sino por tratarse de una iniciativa gubernamental. “… Pesó mucho que el fiscal Martínez le haya dado el visto bueno al proyecto dentro de su política de racionalización penal”, dijo un senador en charla informal con varios reporteros políticos.
Lupa a salvavidas hospitalario
“Habrá que estudiar el tema y luego sí daremos una opinión”. Esa fue la respuesta que un alto funcionario gubernamental del equipo económico le dio a un periodista de EL NUEVO SIGLO cuando le preguntó sobre el proyecto de ley que radicó el senador y expresidente Álvaro Uribe para modificar la Ley 549 de 1999 por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). El proyecto establece que los excedentes de los recursos del Fondo se destinen al saneamiento fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), es decir los hospitales y centros de salud municipales. Se calcula que con esos dineros se podría enviar un salvavidas financiero a 133 hospitales que están en riesgo financiero alto, 51 más en riesgo medio y 93 en riesgo bajo. Los ministerios de Salud y Hacienda deberán conceptuar al respecto.
La reforma al SGP en fila (I)
Una de las grandes reformas pendientes es, sin duda, la que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones (SGP), que establece la cantidad de recursos que distribuye y transfiere el Gobierno Nacional a los departamentos y municipios del país. Los alcaldes y gobernadores vienen urgiendo la presentación de esta reforma, ya que consideran que el sistema actual de giros está desactualizado y las finanzas regionales al borde de la quiebra. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dio las primeras puntadas sobre lo que será esa reforma la semana pasada. Indicó que a partir de los ingresos por la última reforma tributaria, la intención es aumentar los recursos que se giran a las regiones, a razón de que por cada 100 pesos adicionales que recaude la nación con la reforma tributaria, 30 pesos irán a las entidades territoriales. También se modificaría la forma de distribución de los recursos para educación, salud, agua potable, ahorro en el Fonpet y resguardos indígenas. Se buscará una mayor focalización, sobre todo para que lo destinado a salud y educación no se diluya en gastos administrativos.
La reforma al SGP en fila (II)
Este tema del SGP es muy sensible para los gobernadores, que en repetidas ocasiones han fustigado al Gobierno que reforme el mecanismo de flujo de recursos y aumente los giros. Incluso en septiembre pasado, la Federación Nacional de Departamentos replicó a la ministra de Educación, Janeth Giha, en medio del debate sobre las cuotas de responsabilidad en la problemática por la desfinanciación del programa de Alimentación Escolar (PAE) en 14 entes territoriales. La Federación urgió al Gobierno nacional refinanciar el PAE en varios departamentos, debido a que no se han contado con los recursos y han sido varias las regiones que han tenido que afectar sus ingresos de libre destinación y aprobar proyectos de inversión del Sistema General de Regalías. Incluso los mandatarios seccionales propusieron modificar la estructura del PAE para que dicho programa sea parte de una bolsa de la asignación de educación en el Sistema General de Participaciones (SGP) o se convierta en un gran programa de seguridad alimentaria, que sea tratado de manera multisectorial por los Ministerios de Educación, Salud, el ICBF y el DPS.