Off the record | El Nuevo Siglo
Foto archivo
Martes, 7 de Noviembre de 2017
Redacción Política

Hay muchas dudas en torno a la constitucionalidad del proyecto de acto legislativo que tiene que ver con el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado. La polémica norma, derivada del acuerdo de paz, fue aprobada la semana pasada vía ‘fast track’ por el Congreso. Un exmagistrado de la Corte Constitucional le dijo a un grupo de reporteros políticos que “había dos formas de interpretar el espíritu de este proyecto: entenderlo como una reiteración de lo que ya está dicho en la Carta y, por lo tanto, con el riesgo real de ser descartado en la revisión de exequibilidad… O entender que, de algún modo, en el ordenamiento institucional, constitucional y legal colombiano había una deficiencia de cantidad de derecho que permitía directa o indirectamente el alzamiento armado más allá de los delitos políticos… En cualquier caso la interpretación es muy lesiva para el estado de derecho”.

No habrá alud de demandas

Interrogado en torno a si las implicaciones de esa reforma constitucional podrían llevar a que en los tribunales nacionales e internacionales aumentaran las demandas contra el Estado por haber, presuntamente, permitido el paramilitarismo, que al tenor de lo aprobado la semana pasada no estaba taxativamente prohibido, el exmagistrado descartó esa circunstancia. “… Ese temor no tiene mayor validez jurídica… Lean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y verán que la forma en que allí se responsabiliza, por acción o por omisión al Estado, por las masacres y demás delitos graves del paramilitarismo es mucho más grave que el debate este de si estaba o no prohibido el fenómeno”, precisó el exmagistrado.

Arsenal de preguntas sobre Farc

Muchos comentarios generó la citación que hiciera la semana pasada la senadora y precandidata presidencial uribista María del Rosario Guerra a la canciller María Ángela Holguín y el ministro de Interior, Guillermo Rivera, para que en un debate de control político en la plenaria, respondan sobre los viajes internacionales de los cabecillas de las Farc, medios de transporte, quién pagó los gastos de dichos periplos y si les dieron beneficio de valija diplomática, entre otros. Y los interrogantes no paran ahí: Guerra pide al Gobierno que responda sobre si el control aduanero se efectuó sobre los equipajes de los guerrilleros y qué vigilancia se ha ejercido sobre los activos ilegales de “ese grupo terrorista”. Habrá que esperar la fecha de dicho debate, porque es claro que estará bastante movido.

La reforma al artículo 375 (I) 

Un senador de la Comisión I del Senado calificó como “complicado” el proyecto de ley presentado por el Gobierno hace dos semanas para viabilizar un subrogado penal que permitiría no penalizar a las personas que sean dueñas o trabajen en pequeños cultivos de hoja de coca. De acuerdo con el congresista el parágrafo del artículo 375 de la Ley 599 de 2000 que se busca reformar es aquel que sostiene que “… el que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y en multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes…”.

La reforma al artículo 375 (II)

De acuerdo con el senador, ese artículo 375 de la Ley 599 ya había sido reformado el año pasado, mediante la ley 1787 de 2016, la cual se estableció que las penas y sanciones previstas en ese artículo no aplicarán para el uso médico y científico del cannabis (marihuana) siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud o el Justicia, según sus competencias. En otras palabras, se despenalizó el cultivo de marihuana con uso terapéutico. “… El año pasado ya sacamos a los que cultivan marihuana para  uso medicinal y ahora se quiere hacer lo mismo con los pequeños cultivadores, en una cantidad superior a las 400 mil personas…”, explicó el congresista.

Síganos en nuestras redes sociales:

elnuevosiglo en Instagram

@Elnuevosiglo en Twitter

Diario El Nuevo Siglo en Facebook