El paro del jueves

El próximo jueves se llevará a cabo una nueva jornada de protesta nacional convocada por las centrales y el llamado “Comité de Paro”. Se sabe que no a toda la cúpula sindical la idea de citar para esta semana una nueva movilización le pareció adecuada. Según conoció EL NUEVO SIGLO, para algunos dirigentes no hay ambiente para llamar de nuevo a las calles, no solo porque el Gobierno y Fecode ya lograron hace dos semanas un acuerdo de amplio espectro sobre su pliego de peticiones, sino porque días atrás también se firmó un pacto entre el Ejecutivo y las centrales obreras del Estado, partiendo de un pliego de peticiones que tenía 1.276 solicitudes en materia de educación, género, ambiente, relaciones exteriores, gobierno, defensa, trasporte y justicia. La negociación tuvo una duración de 39 días hábiles y se adelantaron jornadas entre cinco y veinte horas en algunas sesiones.

Hay escenario…

Sin embargo, pesaron más los argumentos de la otra orilla sindical, según los cuales hay motivos suficientes para lanzarse a las calles de nuevo, no solo porque el desempleo continúa subiendo y la crisis social se ha intensificado, sino porque en el Congreso no se mueven los proyectos de ley en que el “Comité de Paro” convirtió su pliego de peticiones y que fueron radicados por varios partidos de la oposición hace tres semanas. Los voceros del Comité habían advertido que si esas iniciativas, la mayoría de las cuales no tiene todavía ni ponentes, se estancaban en el Parlamento, entonces presionaría desde las calles su aprobación.

Críticas uribistas

Para el senador del Centro Democrático, John Harold Suárez, el anuncio de esta nueva jornada de marchas para este 26 de agosto es inoportuna, ya que llega justo en momentos en que el país muestra signos de reactivación económica, descenso en casos de contagio de covid-19 y en ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Según Suárez, “la justificación planteada por ellos es el apoyo a sus 10 proyectos de ley radicados en el Congreso y la oposición al plan de austeridad del Estado propuesto en la nueva reforma tributaria y que otorgaría facultades al Presidente para eliminar o fusionar entidades, así como congelar la planta de personal, lo que permitiría a la Nación ahorrar cerca de dos billones de pesos anuales. Es contradictorio que los que hace unos meses sembraron el caos en el país exigiendo menos burocracia hoy la estén defendiendo”.

Máxima alerta

Lo cierto es que en prevención a lo que pueda pasar este jueves, el Gobierno nacional ya dio instrucción a los ministerios de Defensa e Interior, así como a la cúpula policial y militar para elevar las alertas con el fin de evitar que grupos radicales infiltren las marchas y se generen hechos vandálicos como los de mayo y junio, que dejaron decenas de muertes, centenares de heridos y pérdidas billonarias. Si bien es cierto que la Fiscalía ha venido avanzando en la captura de decenas de los responsables de delitos graves durante los paros, sobre todo de los cometidos por los llamados integrantes de la “primera línea”, no hay seguridad de que todos los extremistas hayan sido neutralizados. Así las cosas, desde hoy en muchas ciudades la Fuerza Pública estará en alerta máxima para evitar bloqueos viales y desórdenes.