Tablero de daños
La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, hizo detallado balance de las personas capturadas, daños y estragos a la economía nacional por los paros del año pasado, que desembocaron en vandalismo. “El balance oficial de las afectaciones provocadas entre el 28 de abril y el 15 de septiembre de 2021, da cuenta de un tipo de violencia de tal magnitud que bien merece calificarse de terrorismo urbano de baja o mediana intensidad: 12 casos de violencia de género (entre los que se cuentan el abuso sexual a una mujer integrante de la Policía Nacional por parte de una turba vandálica en Bogotá), 12 policías secuestrados, otros 3 asesinados y 1.753 lesionados, 12 instalaciones públicas y de gobierno destruidas, en tanto que 167 sufrieron graves daños, 214 cámaras de seguridad y fotomultas destruidas, 188 semáforos y 142 señales de tránsito, 28 peajes, 30 bienes culturales y 4 instalaciones religiosas vandalizadas. Además, 163 instalaciones y 622 vehículos policiales destruidos o gravemente afectados; así como 1.422 actos de violencia contra el transporte público, misiones médicas (319), establecimientos de comercio (491), oficinas bancarias (463)”.
En contravía
De acuerdo con la parlamentaria uribista “a la fecha, por orden de los jueces (pues la Fiscalía General no tiene tal potestad) se han capturado 1.969 personas; de las cuales permanecen privadas de la libertad cerca de 300. Lamentablemente, mientras que en ordenamientos jurídicos de países que han sido afectados gravemente por la violencia, no más que el nuestro, tipifican como delitos asociados al terrorismo actos de personas no integrantes de organizaciones terroristas, asimilables a los vistos durante 2021 durante tan triste jornada, (por ejemplo, el artículo 577 del Código Penal Español, adoptado mediante la Ley Orgánica 2 del 30 de marzo de 2015), en Colombia, Gustavo Petro y su bancada pretenden justificarlos y exaltarlos a fuerza de ley”.
¿Otra superintendencia?
Colombia tiene actualmente un gran número de superintendencias: Industria y Comercio, Financiera, de Sociedades, de Servicios Públicos, de Salud, de Vigilancia y Seguridad Privada así como las de Transporte y de Notariado y Registro. Ahora el partido de la U radicó un proyecto de acto legislativo que propone crear la Superintendencia de la Educación que tendría como misión “la administración de los recursos para la alimentación escolar, para infraestructura educativa; así como la cualificación de los maestros y de la calidad y pertinencia de los servicios educativos”. Esa superintendencia sería un ente autónomo, independiente al gobierno, que vigilará y garantizará la administración de los recursos para la educación, así sean públicos o privados, porque son para prestar un servicio público en materia educativa. Revisaría temas como permisos, las licencias, las acreditaciones, calidad educativa y certificaciones.
Las indemnizaciones
Si bien es cierto que con el respaldo de más de 70 congresistas se radicó un proyecto de ley por medio del cual prohíbe en Colombia la exploración y explotación de yacimientos no convencionales bajo la modalidad de fracking, la iniciativa no tiene el panorama tan despejado como se creería. En la Comisión Quinta del Senado, en donde comenzará el debate, los impulsores de la iniciativa dan por descontado que pasará sin problemas, ya que esa célula congresional tiene catorce integrantes y de estos doce hacen parte de la coalición de gobierno petrista. Incluso, en las toldas del Pacto Histórico no se descarta que la Casa de Nariño envíe un mensaje de urgencia para acelerar su trámite, ya que es una de las banderas de campaña del presidente Petro. De hecho, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, reiteró que ese es un compromiso clave del gobierno. Sin embargo, un senador del Centro Democrático le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… estamos esperando que el Gobierno nos diga cuánto va a pagar en indemnizaciones a empresas petroleras por abortar los pilotos de fracking ya aprobados”.