Lupa a proyecto

Los gremios del agro están analizando los alcances del proyecto de reforma constitucional que radicó esta semana el Ministerio de Agricultura, junto a la bancada del Pacto Histórico, referente a garantizar el reconocimiento del campesino como sujeto de especial protección constitucional y su acceso a una vida digna en el campo. La iniciativa, según la titular de la cartera, Cecilia López, busca imponerle al Estado el deber de garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de la población campesina, entre ellos el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios, la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Dos posibilidades

“… El equipo jurídico está analizando el alcance del acto legislativo y por eso todavía resulta muy temprano para pronunciarnos oficialmente… Lo que sí le puedo decir es que hay dos posibilidades. La primera es que se trate de una figura que, en la práctica, no tenga más efecto que el de reconocer a un segmento poblacional como sujeto de protección especial del Estado, pero bajo ese marco sería como tratar de institucionalizar lo que la Corte Constitucional ha hecho por la vía de la figura del ‘estado de cosas inconstitucional’ en materia de desplazamiento forzado o hacinamiento carcelario… En esta la Corte es la que obliga al Gobierno a determinadas acciones para suplir la deficiencia en el cumplimiento de sus deberes de protección… En el proyecto, pues, es lo mismo, salvo que se cambia el mandato de un fallo de la Corte por un mandato constitucional formal”, le dijo a EL NUEVO SIGLO un integrante de la junta directiva de uno de los principales gremios del agro.

¿Derechos derivados?

“… La segunda posibilidad es que de ese mandato constitucional que señale al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y su acceso a una vida digna en el campo, se deriven unos derechos de primera y segunda generación que resulten exigibles al Estado y a los particulares… Ese es un tema que a mí me extraña, ya que por la misma vía del campesinado se podría decir que los líderes sociales y comunitarios, a los que están asesinando; los desmovilizados, a los que están asesinando; los policías, a los que están asesinando; los taxistas, a los que están asesinado… En fin, casi todos los colombianos mereceríamos ser sujeto de la misma figura constitucional… Y usted bien lo sabe: lo que pasa de ser una excepción a convertirse en una generalidad, pues ya no requiere medidas extraordinarias sino las ordinarias que rigen para todos”, añadió la fuente consultada.

La defensa

Para López el proyecto es más que pertinente. "La población campesina enfrenta graves falencias en la garantía de sus derechos fundamentales, pues enfrenta una brecha en el acceso y calidad de servicios básicos y ha padecido de especial manera los impactos del conflicto armado", dijo al momento de radicar el proyecto. Agregó que cuando se apruebe y ponga en marcha la iniciativa serán beneficiadas las mujeres.

Debate no es nuevo

La fuente gremial indicó que este no es un debate nuevo y  ya años atrás algunos académicos lo pusieron sobre la mesa cuando se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales", aprobada por la Asamblea General en 2018. “… Recuerde que entonces se habló de las implicaciones de este mandato al Estado colombiano y lo que podría generar a nivel interno en cuanto a reconocimiento y demanda de derechos”, puntualizó.