¿Llamar a consultas a embajador Rangel?

Un parlamentario de la coalición oficialista le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que si bien no entendía por qué el gobierno Duque no ha llamado a consultas a su embajador en Managua, Alfredo Rangel, esperaba que “… a partir de la materialización (ayer) de las fraudulentas elecciones presidenciales en Nicaragua, que confirmaron el régimen autocrático y dictatorial de Daniel Ortega, se proceda a retirar al embajador colombiano de la nación centroamericana en esta misma semana”. Lo cierto es que, por ahora, Colombia se ha mantenido en la línea de la presión diplomática desde la OEA sobre el régimen de Ortega pero no ha querido tomar decisiones bilaterales, como sería el llamado a consultas del embajador.

¿Urgencia legislativa?

A propósito de la polémica que existe alrededor de la decisión del Gobierno de radicar en el Congreso el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, pero sin adjuntarle un mensaje de urgencia, trascendió que un grupo de parlamentarios, la mayoría de la oposición, ha empezado a contemplar la posibilidad de plantear una reforma constitucional así como a la Ley Quinta de 1992 (reglamento interno del Congreso) que permita que, por decisión de las mayorías calificadas de una cámara legislativa, el propio Parlamento pueda también priorizar el trámite de una iniciativa. De esta forma, la facultad dejaría de ser solo potestad del Presidente de la República y podría ser activada por el Legislativo.

Que los convoquen

Un vocero de la industria automotriz le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que el sector está a la espera de que los ministerios de Transporte y de Ambiente convoquen a los actores privados para el proceso de reglamentación de la revisión técnico-mecánica y de emisión de gases contaminantes de los vehículos eléctricos, así como del reconocimiento de un descuento en la tarifa para usuarios de estos automóviles. “… Hay un plazo de seis meses para este proceso, contados a partir de la tercera semana de octubre cuando se conoció la decisión del Consejo de Estado en donde la ordena al Gobierno que proceda a esa reglamentación… Nosotros esperamos que el sector del transporte y de este segmento de vehículos sea llamado y consultado… Este es un tema que debió estar reglamentado hace meses”, señaló la fuente.

Las metas

Precisamente en la participación la semana pasada del presidente Iván Duque en la cumbre de la COP26 en Escocia, el tema de los vehículos eléctricos fue uno de los logros a mostrar por parte del Gobierno. Se recalcó que desde 2019 está en vigencia la Ley de Movilidad Eléctrica, que es la norma que ordena la reglamentación de la tarifa para el impuesto sobre vehículos automotores eléctricos, que no podrá superar el 1% del valor comercial, así como los descuentos en la revisión técnico-mecánica y el SOAT. En los dos primeros ítems no se ha cumplido la expedición de la normatividad y de allí la sentencia del Consejo de Estado. En lo que va corrido del mandato Duque se han matriculado 2.763 vehículos eléctricos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), cifra que duplica los inscritos entre enero de 2010 y julio de 2018. Hoy hay 4.928 vehículos eléctricos, la meta para 2022 es de 6.600, aunque el gran salto se tiene proyectado hacia 2030, cuando el objetivo es que el país tenga 600 mil automotores de esta tecnología.