Uno de los debates más importantes a partir de mediados de marzo, cuando se reinstalen las sesiones ordinarias del Congreso, tendrá que ver con el proyecto de referendo para que se imponga cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad. La U, según lo confirmaron sus copresidentes José David Name y Roy Barreras, va a presentar la respectiva iniciativa. Sin embargo, aunque la colectividad se comprometió a ello por instrucción del propio presidente Santos, en la cumbre partidista de finales del año pasado, se sabe que hay varios altos funcionarios del Gobierno que no están de acuerdo con ese proyecto y consideran que la Casa de Nariño se podría meter en un enredo de marca mayor.

Tres peros

Según conoció EL NUEVO SIGLO, los peros se basan en tres elementos básicos. En primer lugar, que es difícil que el Consejo Superior de Política Criminal le dé el visto bueno a la iniciativa, sabidas sus posturas en torno de los riesgos que implica romper la proporcionalidad penal. En segundo término, que con una Rama Judicial que lleva varios meses en el ojo del huracán y con una crisis de imagen y credibilidad sin antecedentes, no se ve ambiente propicio para tramitar una norma que deje en los jueces la posibilidad de enviar de por vida a la cárcel a una persona. Y, como tercer punto, que ya la ley vigente establece penas que rondan los 60 años para los culpables de estos delitos y sin la posibilidad de acceder a rebajas de penas y otras gabelas penitenciarias.

Eldorado II

En varios municipios de la Sabana occidente de Bogotá el tema de un aeropuerto alterno a Eldorado, que sería construido entre los municipios de Madrid y Facatativá, ya está generando polémica. De un lado, hay grupos de ciudadanos que alertan sobre los riesgos de contaminación sonora en estas dos poblaciones. Igual se teme que el anuncio de la construcción del terminal aéreo esté generando ya una ola de sobreprecio de la tierra así como la extinción de más terrenos destinados al agro y que ahora pasarían a ser parques industriales y de comercio exterior. Igual candidatos a alcaldías y concejos están planteando un pacto para que el personal contratado para las obras sea residente en el área.