La semana pasada en esta Sección se hizo un panorama del trasegar de la ley estatutaria para poder convocar el llamado “referendo por la paz”, mediante el cual la ciudadanía sería la encargada de votar Sí o No a los acuerdos de paz que se firmen eventualmente con las guerrillas. Se dijo que la iniciativa se radicó un año atrás, que fue aprobada en noviembre pasado y se envió a la Corte Constitucional para el respectivo análisis de exequibilidad. Lo último fue en junio, cuando la Procuraduría pidió tumbar la ley por presuntos vicios de forma y fondo. Un atinado observador político, calendario en mano, dijo que si el acuerdo de paz con las Farc se firma antes de terminar este año y se tiene en cuenta el trámite de un proyecto de referendo en el Congreso y el tiempo que se toma la Registraduría para citar a las urnas, la convocatoria se podría estar haciendo el mismo día de octubre de 2015 en que se realicen las elecciones regionales. Vea pues.

¿Sólo cuatrienal?   

Ya está claro que cualquier decisión que se tome respecto a la ampliación de los períodos del Presidente, alcaldes y gobernadores, así como de congresistas, diputados y concejales no cobijará a los actuales titulares de esos cargos. Sin embargo, hay voces en el interior de la misma coalición de Unidad Nacional que no entienden muy bien a qué se refirió la semana pasada el ministro Juan Fernando Cristo cuando, después de la reunión de la Comisión Consultora de los partidos sobre el alcance de la reforma política, dijo que “… se habla de ampliación, no de unificación de los períodos. Es decir, los altos funcionarios actuales no quedarían cobijados por esa medida, solo quienes resulten elegidos a partir del 7 de agosto del 2018. Estamos en el debate de adoptar esta misma medida para altos funcionarios regionales”. ¿Quiere decir lo anterior que los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales que sean elegidos en octubre del próximo año podrían seguir teniendo un período cuatrienal y no de cinco o seis años? Esa es la pregunta que se hacen varios congresistas.

Peros lecheros

No cesan las críticas de algunos  gremios del sector lácteo al proyecto de ley modificatorio del Fondo Nacional del Ganado que ya tiene listo el Gobierno para radicar en el Congreso. La posición de la Asociación Nacional de Productores e Industriales Lácteos (Analac) es la de que “el proyecto como está no mejora para nada las condiciones actuales del gremio y de los productores

En un sentido estricto, lo pone a pagar más contribución y no tiene el control en el manejo de los recursos (...)”. En el sector lechero hay varios sectores que están pidiendo que se les tenga en cuenta en los ajustes que deben hacerse al articulado que está circulando de la proyectada iniciativa.

Por la mitad

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistradoLuis Gabriel Miranda, tiene una posición intermedia en cuanto a cómo darle fuerza normativa a las jurisprudencias de las altas Cortes, para que los jueces las tengan en cuenta al resolver casos a su cargo. Según el jurista, hay que establecer la obligación para los jueces de acoger como precedente la jurisprudencia de las altas Cortes, “salvo que consideren que deben apartarse de ellas, pero en este último evento deben exponer las motivaciones para su disenso. Por eso, el precedente no puede convertirse en camisa de fuerza para los jueces en tanto éstos también tienen capacidad de interpretación de las normas judiciales”.