Solo hasta la próxima semana volverá a tomar ritmo el proceso en el Consejo de Estado contra la reelección del procurador general Alejandro Ordóñez. Aunque en el último mes no ha habido semana en la que no se de cómo inminente una decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo alrededor de la permanencia o no en el cargo del jefe del Ministerio Público, lo cierto es que solo hasta en la presente, la magistrada Rocío Araujo, ponente del caso, radicó su nuevo escrito en el que, como es de todos sabido, concluye que no fue legal la reelección de Ordóñez debido a que en su postulación participaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tenían familiares en la Procuraduría, sin que hubiera manifestado el respectivo conflicto de intereses. En los pasillos del Consejo de Estado se insiste en que la tesis de la magistrada no tendrá las mayorías consigo y que Ordóñez seguirá en su cargo hasta enero del año entrante.

Debate aplazado

La bancada del Centro de Democrático en la Cámara de Representantes sigue presionando para que se dé curso al debate impulsado por la parlamentaria María Fernanda Cabal en torno a la política de restitución de tierras. El debate estaba agendado para el miércoles en la plenaria, pero el uribismo aceptó cambiar el orden del día para que se abocara primero la discusión y aprobación del proyecto de acto legislativo para la paz. Ya al cierre de la sesión, entrada la noche, la propia Cabal pidió el aplazamiento del debate para el próximo miércoles, recibiendo el apoyo no solo de su bancada sino de varios parlamentarios de otros partidos, incluso gobiernistas, que advirtieron que dicha discusión no se podía dilatar más y los altos funcionarios del Gobierno tenían que hacerse presentes para afrontar los cuestionamientos. Según dijo ayer un parlamentario uribista si el debate vuelve a aplazarse, se declararían en ‘desobediencia civil’, en lo que queda de la legislatura.

Razón de ‘conveniencia’

Un senador de La U le dijo ayer a un periodista de EL  NUEVO SIGLO que al Gobierno le cayó “supremamente mal” el fallo de la Corte Constitucional que prácticamente dejó sin piso todo el eje judicial de la llamada “reforma de equilibrio de poderes” pero -agregó- “… el Gobierno no quiere elevarle el tono al alto tribunal en prevención a que un enfrentamiento directo con los magistrados podría tener un efecto sobre la próxima gran decisión de la Corte, que es precisamente la del plebiscito por la paz… Si no estuviera este tema de por medio, le aseguro que la respuesta al fallo sobre equilibrio de poderes hubiera sido distinta”, dijo el congresista en charla off the record.

Reglas del juego

En el Partido Conservador crecen las voces que consideran que la colectividad debe acelerar la definición de lo que serán las reglas del juego para la escogencia de su candidato presidencial para el 2018. Pese a que el presidente Santos aún no completa ni la mitad de su segundo mandato, varios senadores sostienen que el proceso de la paz con las Farc, que ya está en la recta final, acelerará la definición del partidor de candidatos y precandidatos y, en ese orden de ideas, el conservatismo debería, al menos, avanzar el mecanismo de elección de su aspirante, con el fin de que ya en el arranque de 2017 este asunto esté dilucidado y todos sepan a qué atenerse.