Veeduría minera (I)

Una de las más difíciles pruebas para el Gobierno en el Congreso en sin duda alguna el trámite de la reforma al Código Minero. Se sabe que hay muchos intereses en juego y que los ejes de presión desde distintos sectores serán muy fuertes. Incluso en los pasillos del Parlamento se habla ya de lobby por parte de emisarios de empresas del sector. Por lo mismo, varias ONG de veeduría política y legislativa están analizando la posibilidad de crear una especie de instancia de seguimiento especial a la iniciativa para seguirle el paso día a día.

Veeduría minera (II)

Varias firmas encuestadoras consideran que el Congreso debería meterle el diente a establecer más controles a la forma en que se realizan estas investigaciones sobre opinión pública. Según conoció EL NUEVO SIGLO, hay algunas firmas que sostienen que hay vacíos legales que permiten que cualquier persona jurídica sin acreditar experiencia en este ramo de las encuestas, pueda acreditarse o realizar por cuenta y riesgo investigaciones de mercadeo y opinión públicas, razón por la cual se requiere fijar unas reglas del juego claras para asegurar un mínimo de requisitos de forma y fondo.

Incidente Fiscal (I)

Llamó la atención en las más altas instancias de la justicia el objetivo del proyecto radicado el pasado jueves en el Senado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que pretende reglamentar el ordenamiento constitucional y legal frente a fallos judiciales que a juicio del Gobierno Nacional comprometan la sostenibilidad de las finanzas públicas. La iniciativa, según el zar de las finanzas, busca promover un procedimiento para solicitar a las Altas Cortes un análisis de cualquier decisión que tenga impacto fiscal, para que sea regulada de una forma tal, que se pueda ajustar dentro del ordenamiento presupuestal colombiano.

Incidente Fiscal (II)

Es claro que el proyecto va dirigido a frenar la cascada de fallos, sobre todo relacionados con pensiones, reajuste salarial, pleitos laborales con entidades públicas, petición de indemnizaciones a la Nación, órdenes perentorias para apoyar a poblaciones en alto grado de vulnerabilidad (víctimas y desplazados) y otros procesos que, por su cuantía y las provisiones millonarias que deben hacer las entidades públicas para enfrentar este tipo de demandas, muchas de ellas leoninas, afectan el ordenamiento y viabilidad de los presupuestos oficiales.

 Incidente Fiscal (III)

“… Hay que tener en cuenta que el Incidente Fiscal debe ser un elemento formal de regulación del impacto del fallo en el erario, pero en modo alguno puede limitar o condicionar el sentido del mismo… Hay jurisprudencia de la Corte Constitucional abundante sobre lo que debe tenerse en cuenta por parte de los jueces, sobre todo en acciones de tutela y en los pleitos del contencioso administrativo cuando emiten fallos por altas cuantías… Lo más específica es aquella referida a cómo los recursos de regalías e inversión social prioritaria no se podían tocar para pagar esta clase de fallos ni tampoco podrían ser objeto de embargo precautelativo”, explicó una alta fuente judicial.

Imaginario popular

Y siguiendo con la agenda legislativa económica, una alta fuente de la Fiscalía indicó que la intención de quitarle tres cero a la moneda nacional colombiana podría tener un efecto negativo en cuanto a la percepción de la gravedad de los casos de corrupción y desfalco al erario. “… Una cosa es decir que tal o cual desfalcó en $ 2.000.000.000 (dos mil millones) y otra muy distinta es ajustar la cifra a $ 2.000.000 (dos millones)… Eso impacta en el imaginario popular”, precisó la fuente consultada.