¿Por qué no prosperó en el proyecto de reforma de equilibrio de poderes la propuesta bandera de acabar con la reelección presidencial y en compensación ampliar el período del Jefe de Estado, así como de alcaldes, gobernadores y otros altos funcionarios estatales, a cinco o seis años? El presidente Santos insistió hasta último momento para que esa propuesta, que defendió en campaña, fuera finalmente incluida en el texto de la reforma que se llevó el ministro Juan Fernando Cristo al Congreso el miércoles pasado, pero la mayoría de las bancadas, tanto de la Unidad Nacional, como la conservadora e incluso independientes y la oposición le indicaron que no había ambiente para dicha ampliación de período.

Evitar derrota 

¿Por qué, entonces, no se permitió que la propuesta de la ampliación de los períodos estuviera en la reforma, cumpliendo así Santos su promesa de campaña, y que después fuera el Congreso el que terminara hundiendo ese alargue de mandatos a los funcionarios de elección popular? Según uno de los senadores que estuvo en la Casa de Nariño analizando el borrador de la reforma, “lo peor era presentar la propuesta con el alargue a bordo y que luego en el Congreso la propuesta fuera derrotada, dando la sensación política y pública de una derrota del Presidente a manos de sus propias mayorías parlamentarias… El problema, en el fondo, no era en sí el período presidencial sino empaquetar a los alcaldes y gobernadores, en donde los parlamentarios tienen la manija de la política regional y la fila india de candidatos más larga que para la Casa de Nariño”.

No pero sí… 

¿Y el voto obligatorio? Allí la cuestión parece, según altas fuentes partidistas, que la situación fue al revés. El presidente Santos y el Gobierno no eran muy a amigos de establecer como obligatoria la asistencia a las urnas, dado que esa clase de imposiciones tiende a generar una percepción negativa entre la opinión pública, pero los congresistas de distintos partidos insistieron en que el problema del Congreso no sólo se limitaba a que muchas regiones quedaban excluidas, sobre todo del Senado, sino a que los índices de abstención oscilan entre el 50 y 60%, por lo que el tema de la legitimidad de la representación de los funcionarios de elección popular también debía tocarse. Al final, ganó la tesis del Gobierno y será el Congreso el que decida si se impone voto obligatorio por uno o dos comicios, pero en el texto de la reforma no entró el asunto.

Las sorpresas   

De un tema que poco se había hablado es el referente a que el candidato que resultara derrotado en la contienda presidencial tendría una curul automática en el Senado. Si bien ya en el pasado se había planteado el tema, lo cierto es que su inclusión en el texto de la reforma de equilibrio de poderes sorprendió a más de uno, como también el hecho de que se puedan estar modificando las funciones de la Contraloría en lo relativo a su facultad para poder expedir “controles de advertencia”. Hace escasas tres semanas el propio presidente Santos había indicado que “ese control de advertencia se está volviendo, en el fondo, un control previo en la Contraloría. Y el control previo ha sido nefasto para el desarrollo del país”.