La minería, la deforestación, la actividad agropecuaria, las hidroeléctricas, los hidrocarburos, la expansión urbana y la densidad vial incrementaron en la última década la presión sobre la Amazonia, según mostró el Atlas 2020 elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).

La fragilidad de la región amazónica se evidenció con la pandemia de covid-19, que mostró la vulnerabilidad de sus 47 millones de habitantes, y en particular de los 2,2 millones de indígenas repartidos en 410 pueblos diferentes, destacó la red.

La Raisg está integrada por ocho organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio y defensa del ambiente en seis países, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y el Atlas que acaba de ver luz sigue al publicado en 2012.

Todas sus mediciones y análisis de datos concuerdan en que “en la última década hubo un ritmo acelerado de crecimiento de las presiones y amenazas, así como sus síntomas y consecuencias en la Amazonia”, con 26 por ciento de su territorio bajo presión “alta” y siete por ciento “muy alta”.

De sus 8.470.000 kilómetros cuadrados, las áreas con mayor presión se localizan en las zonas periféricas del bioma, en las zonas montañosas y de piedemonte situadas en Ecuador al oeste, Venezuela al norte y Brasil al sur.

Las zonas con “interés minero” eran 52 974 en 2012 y aumentaron a 84 767 en 2020, ocupando 188 374 kilómetros cuadrados, y un tercio de las localidades de minería ilegal (1423) están en Venezuela, aunque solo tiene 5,6 por ciento de la Amazonia.

Los lotes petroleros ocupan 9,4 por ciento de la superficie amazónica, con 369 de ellos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, alcanzando territorios de pueblos indígenas, algunos de ellos no contactados o en aislamiento voluntario.

Entre 2001 y 2019 el avance del fuego afectó 13 por ciento de la Amazonia, 1,1 millones de kilómetros cuadrados, un espacio del tamaño de Bolivia.

En 2018 la Amazonia mantenía 83,4 por ciento de su cobertura vegetal natural, pero entre 1985 y ese año el bioma perdió 724 000 kilómetros cuadrados de esa vegetación, un área similar al territorio de Chile.

A finales del año pasado la misma Raig divulgó en su estudio “Amazonía bajo presión” que la Amazonía perdió más de 500.000 km2 -una superficie equivalente a la de España- a causa de la deforestación entre 2000 y 2018.  Esa 'poda', de 513.016 km2, representaba el 8% de la mayor selva tropical del mundo.

"La Amazonía está mucho más amenazada que hace ocho años" debido al "avance de las actividades de extracción, de los proyectos de infraestructura, así como de los incendios, la deforestación y la pérdida de carbono", señaló en ese momento la organización, al tiempo que señaló que la deforestación es el principal síntoma de deterioro de la vasta región.

Brasil, donde se extiende casi el 62% de la selva tropical, es el principal responsable por los altos índices de deforestación, con 425.051 km2 desmatados en esas casi dos décadas.

De hecho, la deforestación en la Amazonía del gigante brasileño aumentó 9,5% entre agosto de 2019 y julio de 2020 en comparación con el período exactamente anterior, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Bolivia y Colombia también presentan tendencias de crecimiento en materia de deforestación, señala el informe de la Raisg.

En cuanto a incendios, la selva tropical de Bolivia fue proporcionalmente la más afectada, con un 27% de su área amazónica consumida por las llamas.

"En promedio, desde 2001, 169.000 km2 de la Amazonía han sido quemados anualmente. De estos, 26.000 km2, dentro de las Áreas Naturales de Protección y de las Tierras Indígenas", afirma el reporte.

Entre tanto, la actividad agropecuaria es responsable de 84 por ciento de la deforestación en la Amazonia, incrementándose desde 2015. En 2018 fueron talados más de 31 000 kilómetros cuadrados de bosque, el tamaño de Bélgica o la mitad de Panamá.

Las hidroeléctricas -unidas al represamiento de los ríos- suman 177, y las usinas (UHE) con capacidad superior a 30 Mwh se incrementaron 47 por ciento, pasando de 51 en 2012 a 75 en 2020.

La densidad vial, calculada a partir de la extensión de carreteras y territorio, es de 18,7 kilómetros por cada 1000 kilómetros cuadrados, y los países que lideraron la expansión en la década considerada fueron Colombia, Perú y Venezuela.

El Atlas dedica un capítulo a la urbanización de la región e incluso recoge un concepto de la investigadora brasileña Bertha Becker, según quien la Amazonia se convirtió en “un bosque urbano”. En 2009, de sus 33,56 millones de habitantes, 20,9 millones vivían en las ciudades.

Actualmente tres cuartas partes de la población amazónica de Brasil viven en ciudades grandes y medianas, y sufren problemas como falta de saneamiento y violencia. Tres de las capitales regionales amazónicas están entre las 50 ciudades más violentas del mundo: Manaus, Belém y Macapá.

La economía ilegal que devasta la selva mueve miles de millones de dólares al año, a través de “caminos forestales” que no figuran en la cartografía oficial. La extracción de madera, la minería y los cultivos ilícitos son tres de las actividades económicas que proliferan sustentadas por la demanda internacional de sus productos.

El Atlas registra que los territorios indígenas (TI) comprenden 2 376140 kilómetros cuadrados, 27,5 por ciento de la Amazonía, mientras que hay 2 123 007 kilómetros cuadrados de Áreas Naturales Protegidas (ANP), 24,6 por ciento de la región. Hay 420 563 kilómetros cuadrados de áreas superpuestas de TI y ANP.

El estudio enfatiza que “para comprender la conservación de la diversidad de vida y paisajes en la Amazonia es necesario reconocer el papel de los pueblos indígenas en la protección de sus territorios por medio de sus tradiciones y costumbres”.

Al cabo de reunir centenares de indicadores de la devastación, el Atlas concluye que “la Amazonía, su biodiversidad y sus pueblos indígenas, están viviendo un momento crítico, un ritmo de degradación sin precedentes en su historia”.

Y ante esa alarmante situación ya son varias naciones y organizaciones que han anunciado un apoyo financiero para recuperar la región. El más reciente fue el del Banco Interamericano de desarrollo, BID, cuyo presidente Mauricio Claver-Carone anunció el jueves que destinarán US$20 millones como capital inicial para un fondo para el desarrollo sostenible de la Amazonía que se enfocará en la “bioeconomía”.

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