Francia prohibirá temporalmente la pesca comercial en el golfo de Vizcaya, una medida sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, que busca proteger a los delfines, pero que genera descontento en la industria.
La prohibición anunciada este jueves se aplicará durante un mes a partir del lunes y deberán acatarla tanto los pescadores franceses como los extranjeros.
La medida responde a los llamados de activistas ecologistas para proteger a los mamíferos marinos, tras constatar un aumento de las muertes de delfines en la costa atlántica.
Desde Finisterre, en el extremo oeste de la región de Bretaña, hasta la frontera española, la pesca cesará casi totalmente hasta el 20 de febrero.
El jueves, el gobierno francés extendió la prohibición a todos los barcos, sea cual sea su origen, y prometió apoyar a los pescadores y pescaderos. La restricción emanó en un primer momento del máximo tribunal administrativo francés, el Consejo de Estado.
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El CIEM, un organismo científico que vigila la situación de los ecosistemas del Atlántico Norte, ha exigido desde hace años pausas invernales para algunas prácticas de pesca indiscriminada, topándose con la firme oposición de la industria pesquera.
Según ese organismo, unos 9.000 delfines mueren cada año en el Atlántico frente las costas francesas al quedar atrapados en las redes de forma accidental.
La prohibición afecta a barcos de más de 8 metros de eslora y afectará a unas 450 embarcaciones francesas.
"Es absurdo frenar negocios como este por un mes", declaró a la AFP Raymond Millet, un pescador de La Rochelle, una ciudad del oeste de Francia.
Según Millet, que lleva cuarenta años dedicándose a la pesca, los navíos de entre 9 y 11 metros "no son el tipo de barcos que pescan delfines".
Franck Lalande, propietario de dos barcos en la ciudad de Arcachón, en el suroeste, afirmó temer que la prohibición derive en "disturbios", pues, en su opinión, las compensaciones financieras previstas por las autoridades son insuficientes.
Por su parte, el Comité Nacional de Pesca (CNPMEM) criticó las exigencias de "oenegés extremistas" y aseguró que los mamíferos marinos "no están en peligro".
Las empresas de procesamiento de pescado calculan que podrían perder más de 60 millones de euros (unos 65 millones de dólares) a causa de la medida.
El jueves, el gobierno prometió apoyar a la industria y poner en marcha "medidas de desempleo parcial y ayudas específicas si fuera necesario".