Un total de 7.261 bienes por $8,3 billones fueron afectados el año anterior por la figura de extinción del derecho de dominio por el presunto origen irregular de los recursos con los que fueron adquiridos, anunció la Fiscalía General de la Nación al hacer un balance de su gestión en esa vigencia.
“La persecución y afectación del patrimonio de la criminalidad y las distintas formas de delincuencia organizada, uno de los aspectos priorizados por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, permitió identificar y afectar con fines de extinción del derecho de dominio 7.261 bienes, cuyo valor supera los 8,3 billones de pesos”, indicó en un comunicado.
El ente investigador explicó que el año anterior impuso medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1.880 inmuebles urbanos, 504 rurales, 633 muebles (vehículos, aeronaves y embarcaciones), 253 establecimientos comerciales y sociedades, y 3.991 semovientes.
Agregó que 110 acciones de extinción de dominio “afectaron a la delincuencia común, 46 a los grupos narcotraficantes, 16 a las redes vinculadas a delitos económicos, 15 a los involucrados en casos de corrupción, 11 al Clan del Golfo, 6 a los responsables de afectación a los recursos naturales, 6 al Eln y 5 a las disidencias de las extintas Farc”.
Detalló, así mismo, la Fiscalía que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio también actuó contra los vehículos usados para bloquear vías y materializar actos violentos durante las jornadas de protesta.
De igual forma, anotó el organismo, “como parte de una de las estrategias investigativas más destacadas del año fueron ocupados bienes de varios de los protagonistas de escándalos de corrupción como el direccionamiento de fallos en altas instancias judiciales, el interconector Tunjuelo-Canoas, la entrega irregular de subsidios de vivienda de interés social, entre otros”.
También se golpeó el “patrimonio ilícito de Yamit Picón Rodríguez, primer integrante del Eln extraditado a Estados Unidos”, declaró la Fiscalía.
La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.
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Su importancia radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.
La figura de la extinción de dominio en Colombia se usó por primera vez para perseguir los bienes del narcotráfico y en ese sentido se ha utilizado en las últimas tres décadas.
No obstante, en los años recientes este mecanismo se ha extendido a otros delitos de gran impacto para la ciudadanía como el robo de celulares y el proxenetismo. También se han extinguido locales comerciales por contrabando y adulteración de licores.
Otros resultados
Entre otros hechos de su gestión durante el año pasado, la Fiscalía reportó ayer que fueron imputadas 273 personas que estarían involucradas en actividades asociadas con el blanqueo de capitales, y se logró la incautación con fines de decomiso de más de $14.400 millones.
Dijo que hubo casos exitosos como ‘Paso Fino’ y ‘Leather’, en los que se detectó lavado de activos mediante el anticipo de exportaciones, contrabando y empresas fachada. Las rentas ilegales afectadas ascendieron a $37 mil millones y $281 mil millones, respectivamente.
Destacó también que con la estrategia de investigación de homicidios de defensores de derechos humanos se logró un 68,35% de avance de esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales reconocidos por ONU.
Explicó la Fiscalía que “en 285 de los 417 casos conocidos hubo acciones judiciales efectivas. Esto representa un aumento de 16 puntos porcentuales, en el entendido de que, en febrero de 2020, el avance de esclarecimiento se ubicaba en 52%”.