La procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a contratistas del Fondo de Adaptación, por posibles irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución de un contrato que tenía como objeto la construcción de varios puentes vehiculares en el departamento de Santander.

El ente de control mencionó que los investigados son Juan Carlos Gómez Ibáñez, en su calidad de supervisor integral, así como Luis Eduardo Quintero Cuéllar y Herman Montenegro Orjuela, quienes fueron suscritos como interventores integrales de las obras entre 2014 y 2016, respectivamente.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que los tres contratistas “deberán responder por su actuación en el convenio suscrito por el Fondo Adaptación y Sacyr Construcción Sucursal Colombia, en el que se definió desarrollar las obras de los puentes vehiculares de Málaga, Santander, en los sitios conocidos como la Judía, sitio crítico 43 e Hisgaura”.

Asimismo, la Procuraduría investiga si dentro de estas construcciones hubo posibles omisiones e incumplimiento de deberes al no informar en la fase inicial (preconstrucción), ya que mencionan que “los estudios y diseños aplicables a las obras no se ajustaban y correspondían a la norma técnica de diseño adecuada para la construcción de puentes, en particular el atirantado denominado Hisgaura”. 

Según la información recopilada por la entidad, al parecer “la demora en la advertencia y en la realización de los ajustes técnicos necesarios para seguir adelante con los trabajos produjo un detrimento patrimonial, al elevar el presupuesto inicial, que pasó de $80.040.716.160 hasta $103.320.388.858 millones”.

En este sentido, el ente de control calificó provisionalmente la conducta de los disciplinables como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Una vez culmine esta etapa de instrucción, el expediente se remitirá a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), ante la cual el sujeto procesal podrá presentar descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y alegatos, si lo estiman pertinente.

Cabe recordar que la Procuraduría también formuló cargos contra el exgerente del Fondo Adaptación (2016–2018), Iván Fernando Mustafá, y al representante legal de la firma GPO Ingeniería Sucursal Colombia (2016–2017), Álvaro Melo González, por presuntas irregularidades en el desarrollo de un contrato para adelantar la construcción de la segunda etapa del Hospital San Francisco en Villa de Leyva, Boyacá.

La entidad mencionó que “Mustafá habría promovido desde su comportamiento omisivo que se realizara un proceso administrativo que tuviera como resultado la caducidad del contrato, ello a pesar del incumplimiento del objeto contractual de Hemyocol S.A.S, que dejó incompletas las obras de la segunda etapa de la nueva sede del hospital”.