En una reunión que fue convocada para el día de hoy por el Gobierno nacional con las plataformas sociales debido a la escalada de crímenes de líderes sociales, que en lo corrido del año suma siete víctimas, se analizarán eventuales ajustes a la política de protección, a pesar de que apenas en noviembre pasado el presidente Duque puso en marcha el Plan de Acción Oportuna (PAO) con estos propósitos.

En ese sentido ayer el fiscal general Néstor Martínez anunció que hoy “vamos a hacer un examen de lo que está ocurriendo para ver en qué tenemos que ajustar la política, cómo tiene que mejorar la judicialización, cómo tienen que mejorarse los programas de protección de testigos”. Explicó también que “tendremos una reunión convocada por el Gobierno con las plataformas sociales para evaluar toda esta información de la Fiscalía, el PAO como programa que ha puesto en vigencia el Gobierno, para que entre todo el Estado, todos en esto tenemos que tener una causa que tiene que multiplicarse socialmente en la defensa de nuestros líderes sociales”.

Por su parte el Jefe de Estado anunció ayer en Riohacha (La Guajira), donde realizó un consejo de seguridad que, “vamos a fortalecer todos los instrumentos que tenga la Fuerza Pública a disposición para que los cabecillas de los grupos armados organizados, que están detrás de una gran parte de esos homicidios (de líderes sociales), sean llevados ante la justicia”.

Duque Márquez dijo que al evaluar los 126 casos de crímenes de líderes sociales esclarecidos por la Fiscalía, se concluyó que un porcentaje significativo fueron cometidos por grupos armados ilegales como el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’, el Eln y ‘Los Caparrapos’, entre otros.

En ese sentido, anunció que para hacer frente a esta problemática es necesario “fortalecer las herramientas de cooperación con la ciudadanía para que nos permita llegar a donde están esos culpables y que tengan una sanción severa”.

También informó que serán fortalecidos los instrumentos de denuncia y “los instrumentos de reacción”, así como las alertas tempranas para que no se sigan presentando estos casos en el país.

En tanto que el defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo ayer que “lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado.  Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada”.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo convocará para el próximo 21 de febrero en Bogotá, una audiencia defensorial en la que se hará la actualización de los escenarios de riesgo que enfrentan estos activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.

Al consolidar los casos de 2018, la entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.

Mientras que el procurador general, Fernando Carrillo, tras condenar nuevamente el “exterminio de líderes sociales”, convocó ayer para el próximo 7 de febrero una sesión extraordinaria de la Mesa por la Protección a la Vida, para que defensores de derechos humanos y territoriales junto con el Gobierno nacional y los comandantes de la fuerza pública, definan una estrategia de protección.

Informe

En la quinta entrega de informes que ha hecho la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los dos que presentó ayer tiene que ver con investigaciones entre 1985 y 2016, en donde describe y analiza casos de presunta participación de agentes del Estado en la victimización de defensores de derechos humanos.

Las modalidades de victimización más comunes fueron homicidios, 348 investigaciones. Actos de acoso y hostigamiento, 74 investigaciones. Acciones judiciales o de inteligencia ilegítimas, 38 investigaciones. Actos que afectan la libertad y seguridad personal, 24 investigaciones.

Agrega el informe de la Fiscalía que 1.602 personas fueron individualizadas como presuntos responsables. De ellas 484 corresponden a agentes del Estado, 452 integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (Gaoml) y 124 personas sin vinculación comprobada a un grupo armado.

Por la victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos en este periodo la Fiscalía obtuvo 200 condenas. La mayor parte corresponden a integrantes de Gaoml. También se recopiló información de 39 integrantes del Ejército y 11 miembros del DAS condenados por crímenes cometidos en contra de defensores de derechos humanos.