Un nuevo llamado al Ministerio de Defensa hizo la alcaldesa Claudia López, quien aludiendo a que las ciudades no son islas dijo que “mientras Colombia sea un mar de corrupción, violencia, desplazamiento y asesinato de nuestra Fuerza Pública, desafortunadamente no vamos a poder mejorar, más de lo que ya lo hemos logrado, los índices de seguridad”.

Y acto seguido, haciendo una referencia en particular al desplazamiento de comunidades tales como la emberá, la Mandataria añadió que si en Colombia no se genera paz y seguridad, ciudades como Bogotá seguirán recibiendo desplazados y presiones de inseguridad. “Necesitamos que el Ministerio de Defensa sea capaz de defender a los colombianos”, agregó.

“Nosotros en el año 2020 tuvimos cerca de 2.800 personas desplazadas a Bogotá por violencia, la gran mayoría de ellas población emberá. Dos años después el Gobierno nacional ni les asegura la seguridad en sus resguardos, ni les asegura un retorno seguro, como se los obliga la Constitución y la ley”, puntualizó.

Refiriendo que, por el contrario, el Distrito capitalino les ha asegurado una asistencia humanitaria, sanitaria y acompañamiento social que debería ser de carácter temporal, mientras se les garantiza su retorno, “la solución es que no saquen a la gente a plomo de los demás municipios de Colombia y de los demás resguardos de Colombia para que terminen como desplazados en Bogotá”. Añadió que el año pasado fueron 38 mil los desplazados que llegaron a la capital. “Y llegan porque aquí sí hay asistencia pero necesitamos que en el país haya seguridad”.

Por último, la Mandataria distrital le puso a la Unidad Nacional de Víctimas (UNV) una fecha límite para que se encargue del retorno de las comunidades desplazadas.

“La UNV debe garantizar los derechos de las víctimas. Ya los desplazaron por violencia, ahora su obligación es garantizarles el retorno seguro. Bogotá seguirá cumpliendo con sus funciones de asistencia humanitaria temporal, de asistencia sanitaria temporal, pero eso es temporal, mientras se concreta el retorno. Insto al Ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Víctimas a que cumplan con sus funciones y aseguren el retorno de la población emberá en el mes de febrero al Chocó y a Risaralda. No más excusas y no más dilaciones. En febrero tienen que ratificar y asegurar el retorno seguro de esta población o de su reubicación definitiva”, finalizó diciendo a este respecto la Mandataria, quien indicó que el accidente de las dos mujeres fue desafortunado, pero ellas debían haber estado en el Chocó o en Risaralda.

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Recorrido por Engativá

Punto aparte, la Mandataria destacó el trabajo coordinado entre la Administración Distrital, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, el cual ha permitido intervenir sitios priorizados de la localidad para atacar la cadena de delitos.

Agregó que, además, se le solicitó a la Fiscalía explorar la posibilidad de ampliar la URI de La Granja porque actualmente no cuenta con el servicio de Medicina Legal; “Una URI sin el servicio de Medicina Legal es como tener un hospital sin el servicio de urgencias”, dijo.

En el Consejo de Seguridad, el director de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez, se comprometió para que en marzo próximo vuelva a funcionar el punto de Medicina Legal en la URI de Engativá.

Esto, señaló la alcaldesa López, permitirá “tener ese servicio para esclarecer los hechos de violencia, lesiones, violencia sexual y violencia intrafamiliar que se presenten y requieren este servicio para la judicialización”.

La Alcaldesa afirmó que durante los últimos meses se han intensificado los operativos en varios puntos priorizados de esta localidad con un pie de fuerza de 485 miembros de la Policía.

“El año pasado teníamos 300 miembros de la Policía, de manera que ha sido un incremento importante, y hemos logrado varias acciones de judicialización importantes de desarticulación de bandas criminales, en barrios como Luis Carlos Galán, Unir, Engativá Pueblo donde al parecer hay disputas ente bandas criminales”, detalló.

Por último, en el Consejo de Seguridad se acordó con Fiscalía y la Sijin desarticular en el primer trimestre de este año las bandas criminales que están afectando la seguridad de la localidad.