EL MINISTRO de Justicia, Wilson Ruiz, en diálogo con EL NUEVO SIGLO destacó la articulación de varias entidades y la reforma a varios códigos para sacar adelante la Ley de Seguridad Ciudadana; del mismo modo, la ampliación de cupos carcelarios con la construcción de nuevos centros de reclusión en varios puntos del país y el proceso de digitalización de la justicia, que ya va en su primera fase. Y aclaró que el Inpec seguirá al frente de la vigilancia de los centros de reclusión.
El NUEVO SIGLO: Luego de que se sacara adelante la Ley de Seguridad Ciudadana ¿Cuál va a ser el plan que se va a ejecutar desde el Ministerio para su implementación?
WILSON RUIZ: Nosotros formamos una articulación, que fue la instrucción del señor presidente Iván Duque. Esa articulación fue entre el ministro del Interior, Daniel Palacio; el ministro de Defensa, Diego Molano, y el suscrito. Desde luego, tuvimos acompañamiento del fiscal general, Francisco Barbosa; de la Procuraduría General de la Nación y por supuesto alcaldes y gobernadores del país, varios de ellos, e igualmente del Congreso de la República, que en 26 días logró hacer realidad este proyecto de ley que todos los ciudadanos reclamaban. Aquí se incluyeron reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio.
Algo muy importante es que logramos regular el tema de las armas traumáticas, el cual alcanzamos a colocar allí como si fuera un arma convencional; igualmente elementos y dispositivos menos letales y también la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística. Se va a enmarcar en los esfuerzos interinstitucionales que realicen en el marco de sus competencias las entidades del Estado del orden nacional y territorial, que son las encargadas de garantizar todo lo que es la seguridad de la ciudadanía, lo que es la investigación y, por supuesto, si hay lugar a ello, la judicialización de todas estas personas.
Hay que mencionar que desde antes de la expedición de esta Ley, este ministerio sacó como consejo superior de política criminal, junto con las demás entidades que hacen parte de esta instancia, el diseño de una política criminal. Es el primer documento que se saca, con el cual se va a responder frente a las amenazas criminales que enfrenta el territorio nacional, unas prioridades que vamos a intervenir con el propósito de dar soluciones a las demandas de justicia, lucha contra la criminalidad y la garantía de derechos que exige la ciudadanía.
ENS: La semana pasada el defensor del pueblo visitó algunas cárceles como la de Bucaramanga y se quejó por el hacinamiento del cual fue testigo ¿Qué tiene que decir al respecto?
WR: Aquí en el país llegamos a manejar hacinamiento carcelario hasta del 54,5%, ¿nosotros qué hicimos? Empezamos a viajar a las regiones, sin ánimo de meternos en la autonomía judicial, y hablamos con los jueces de ejecución de penas para que empezaran a aplicar los beneficios a los que tienen derecho los internos por trabajo, por estudio. Así empezaron a bajar los índices de hacinamiento. Lo que quiero decir con esto es que el Defensor cuando va a las URI y Estaciones de Policía claro que va a encontrar hacinamiento, porque no son para albergar delincuentes a largo plazo, es algo transitorio. Nosotros el año pasado sacamos 43 mil internos de la URI y estaciones a los centros de reclusión del orden nacional. Entonces, cuando logramos bajar al 16,7%, en los centros de reclusión del orden nacional, empezamos a sacar la población de las URI y estaciones de policía. En este momento tenemos el 20,7% del hacinamiento en los centros de reclusión.
La Corte Constitucional lo que sí ha manifestado es que lo tolerable es hasta el 20%, es decir que estamos rayando por poco esa cifra. Se han entregado más de tres mil cupos durante esta administración y estamos cercanos a entregar en las próximas semanas 1.500 cupos que serían Itagüí (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar). Y se están construyendo tres centros de reclusión de orden nacional como es El Pílamo en Pereira, Sabanas de San Ángel en Magdalena y la de Riohacha en La Guajira, que se podrían ocupar con cuatro mil a cinco mil internos.
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ENS: ¿Al fin el Inpec seguirá prestando el servicio de vigilancia y control en los establecimientos de reclusión, porque se llegó a decir que la vigilancia privada podría prestar este servicio?
WR: Los establecimientos de reclusión del orden nacional, que son 132, serán creados, fusionados, dirigidos y vigilados por el Inpec. Lo que vale aclarar es que esta Ley de Seguridad Ciudadana en ningún momento modifica dicha norma. Lo que sí se prevé es que las entidades territoriales puedan celebrar contratos para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada externa.
ENS: ¿Cómo va el proceso de la digitalización de la justicia y cuál ha sido su beneficio real?
WR: Obtuvimos de parte del BID del préstamo de US$500 millones para la digitalización de la justicia, y ya se encuentra dentro de la Ley Estatutaria lo que es la justicia digital. Ya estamos en la primera fase, el BID hizo el primer desembolso, la gran favorecida va a ser la rama judicial porque va a tener el 90% de este crédito. Esto quiere decir que cualquier persona de nuestro país que tenga internet pueda presentar la demanda y vigilar en línea cómo se desarrolla su proceso, de esta manera nos quitamos el problema de la papelería y la administración de tantos despachos judiciales, lo que significa un gran ahorro.