Si el Gobierno nacional desiste de cofinanciar con el 70% obras clave de desarrollo en Bogotá si no se atiende su solicitud de modificar el diseño del Metro, no se realizarían tres proyectos clave porque la ciudad no podría disponer de $42 billones que se dejarían de recibir para adecuar la Calle 13, el Regiotram del Norte y la segunda línea del Metro. 

Así lo advirtió el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, en medio de la polémica en que intervienen el sector político, el empresariado y diferentes sectores de la ciudad, después de que el gobierno del presidente Petro condicionara la cofinanciación de varias obras de desarrollo a que la administración de la ciudad lo acompañe en su intención de modificar el diseño de la primera línea del Metro, lo que implicaría cambios en el contrato que se suscribió con un consorcio chino.

El director del IDU dijo que “estamos hablando de que los proyectos que están en este momento cofinanciados realmente bajo la ley de metros, son la segunda línea del Metro, la Calle 13 y eventualmente el Regiotram del Norte. Esos tres proyectos que en su totalidad pueden estar sumando $60 billones, ahí es donde estaría el compromiso de la Nación. El 70% de esos $60 billones se tienen que respetar para poder ejecutar esos proyectos”.

Explicó que la segunda línea del Metro ya tiene convenio de cofinanciación firmado y se está trabajando para abrir la licitación este año; y en cuanto a la Calle 13 se firmó el convenio de cofinanciación “y ya abrimos la licitación” 

Fue enfático el director Sánchez en que “si no se cuenta con ese 70%, no se puede ejecutar ninguna de estas obras porque la capacidad del Distrito dentro de su marco fiscal no le permite contar con esos recursos”. 

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá manifestó que “gracias a todos por querer y defender a Bogotá. Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir. Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. Bogotá Región se respeta". 

Además en su cuenta en Twitter la alcaldesa de Bogotá dejó claro que el gobierno no puede modificar contrato para la primera línea del Metro de Bogotá, donde busca que se subterranice un tramo.

Igualmente la mandataria respondió a la solicitud del presidente Gustavo Petro, quien buscaba que se soterrara entre la Avenida Primero de Mayo y la calle 72, sobre la Av. Caracas: "No es viable modificar el contrato para subterranizar".

"El contrato de la Linea 1 del Metro lo firma la Empresa Metro de Bogotá no la Presidencia. Saltarse otra vez a la Alcaldía no es respetuoso ni viable", escribió la mandataria.

Por su parte, el presidente Petro señaló que “sé que lo que debió ser el gran escándalo: botar los estudios terminados del metro subterráneo de Bogotá, pero fue un gran silencio; ahora sí será el gran escándalo solo porque intentamos recuperar parte de esos estudios y transformar un proyecto en bien de toda Bogotá”. 

Agregó el mandatario que “solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades”; al tiempo que anunció que “aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el gobierno de ese país en relación al metro de Bogotá”. 

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Se reafirma el ministro 

En tanto que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, indicó en declaraciones a Caracol Radio que “se acordó que se hacía una solicitud a la empresa china para que se mirara la posibilidad de hacer una parte del trazado por la Caracas subterráneo, la alcaldesa había dicho que, ‘si de valer más y el Gobierno asume el costo, yo no tengo problema y en eso empezamos a trabajar’”. 

Reyes recordó que en la reunión que en días pasados sostuvo la alcaldesa López con el presidente Petro, se acordó establecer dos mesas de diálogo, una para temas financieros y otra para temas jurídicos por los eventuales cambios que podría sufrir el contrato, pero, anotó el ministro, ahora la mandataria distrital dijo que no se va a modificar lo contratado respecto al Metro. 

De igual forma el ministro reafirmó que “frente a los proyectos que tenía la Alcaldía, otros proyectos en curso como el Regiotram del Norte, los cables, entre otros, el Gobierno iba a hacer una revisión de las inversiones porque consideraba que en este punto, en la medida en que la nación invierte el 70% de los recursos para hacerlo, entiende que el Gobierno Distrital faltó a su compromiso”. 

No obstante, Reyes fue enfático en que “el proyecto no se para, el proyecto está andando, las obras de la 72 se están construyendo y en caso de modificarse el trazado de la 50 con Primero de Mayo hasta la 72 con Caracas no significa que pare, es que se modifica y se va a construir desde el sur”. 

Frente a la consulta que hizo el presidente Petro al consorcio chino, en cuanto a hacerle modificaciones al diseño subterranizando en una parte del trayecto, le presentó un informe en donde analizó cinco opciones, de las cuales recomendó una que va de la calle 72 a la calle 100. La otras cuatro consideró que tienen riesgo jurídico si se modifica el contrato. 

Sin embargo, la Presidencia de la República tiene un concepto jurídico que contrató en donde señala que sí se puede modificar el contrato. 

El trayecto que le gusta al presidente Petro va de la Avenida Primero de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72. 

Las opciones propuestas son por valores adicionales entre 8 y 17 billones de pesos. No obstante, una dificultad que tendrían es no superar el límite del 50 % del valor inicial del contrato, como lo establecen las leyes de contratación y la jurisprudencia en el país. 

Cámara de la Infraestructura se pronuncia 

A propósito de los recientes anuncios del Gobierno nacional sobre el futuro del proyecto Metro de Bogotá, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, explicó cuáles serían las consecuencias de una eventual suspensión de la megaobra. 

“En la medida en que la entrada en operación de una primera línea del Metro significa una solución a la movilidad de los bogotanos, en esa misma medida –si el proyecto sigue dilatándose indefinidamente– serían aquellos ciudadanos que usualmente se movilizan en transporte público los principales afectados por una decisión de esta naturaleza”, señaló Caicedo.

Añadió el dirigente que “en efecto la nación –tal como lo establece la ley de metros– asume el 70 % de los costos del proyecto. Es decir que son recursos de los propios ciudadanos los que tendrían afectaciones, si se tiene en cuenta que la obra podría tener sobrecostos, incluso, de hasta $13 billones”. 

Finalizó diciendo Caicedo Ferrer que “no se puede olvidar que el recaudo tributario de Bogotá representa un 25 % del recaudo total de la nación. Ello significa que el mayor aporte a la financiación del proyecto lo harán los bogotanos, quienes paradójicamente verían afectadas las soluciones de la ciudad en materia de movilidad y la correcta ejecución de sus recursos”.