“Hay que ocuparse desde el principio de lo sustancial”, manifestó Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, a propósito de la propuesta de reforma a la justicia que socializó esta semana la ministra Margarita Cabello con los congresistas de las comisiones primeras de Senado y Cámara.

Para Burbano, ocuparse de los temas sustanciales es tratar, por ejemplo, de “la congestión judicial y de los recursos económicos para la Rama Judicial, que ojalá sean autónomos, que dependan del Presupuesto General y no del Ejecutivo. Para que la administración de justicia funcione bien se necesitan muchos más funcionarios, instalaciones adecuadas. Eso es lo que más preocupa a los ciudadanos”.

El jurista indicó que solo es viable una reforma a la justicia si empieza “con lo sustancial, atacando los graves problemas, fortaleciendo la lucha contra la corrupción”.

En ese sentido, Burbano expresó: “No más reformas improvisadas ni paños de agua tibia”.

“Se requiere una convocatoria lo más amplia posible para que estén debidamente representados los jueces y empleados, los abogados, las facultades de derecho, los sindicatos de la Rama Judicial, entre otros. Ese diálogo no puede reducirse a las propuestas de los magistrados de las altas cortes ni del Gobierno al Congreso. Se ha dicho que habrá participación y debate, pero se debe definir una metodología que así lo permita”, sostuvo.

Sin embargo, Burbano reconoció que es acertado que el gobierno Duque se ocupe de la reforma a la justicia, dado que se trata de un asunto de suma importancia para los colombianos, necesario e inaplazable.

“Cuando en un país está debilitada la justicia o carece de credibilidad, lo que se afecta es la democracia. Cuando en un Estado de derecho los jueces no tienen la capacidad de resolver los problemas de los ciudadanos, lo hacen en forma tardía o se desconfía de ellos, se priva a las personas del acceso a justicia y lo que va a primar es la barbarie, la justicia por mano propia, desapareciendo el juzgador independiente”.

Frente al tema de la capacidad de nominación que tienen las cortes, el experto indica que está bien aunque “la inhabilidad debe ser por el periodo del cargo, cuando se aspire a otros altos cargos del Estado, para los cargos de elección popular cuatro años es razonable, además que los magistrados de altas cortes no puedan pasar de una corte a otra. Por otro lado, quitarles las facultades nominadoras a las cortes puede ser útil, pensando bien a quién se le van a dar ¿al Congreso? ¿Al ejecutivo? si se busca participación de sectores, por ej., la academia, se avanza, de lo contrario el remedio puede ser peor que la enfermedad”. 

Así mismo, Burbano sostiene que la acción de tutela debe mantenerse como está, se ha desarrollado mucho, reformarla es debilitarla. “Cuando se trate de resolver tutelas contra providencias judiciales no estoy de acuerdo con constituir salas conjuntas con integrantes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; hay una importante construcción jurisprudencial en esta materia, el tribunal de cierre es la Corte Constitucional y así se debe mantener. Lo propio pasa respecto al carácter vinculante del precedente, la Corte Constitucional lo ha trabajado suficientemente, corresponde aplicar esas reglas”, anotó.

Esta semana EL NUEVO SIGLO publicó el borrador de la reforma a la justicia que está socializando el Gobierno. Entre los puntos esenciales de la reforma está delegar funciones jurisdiccionales a los notarios y centros de arbitraje, inhabilitar al Contralor y al Procurador para presentarse a cargos públicos y obligar a que los jueces apliquen el precedente judicial impuesto por las altas cortes. La reforma también trae un punto polémico que busca suspender las facultades electorales de las altas cortes para que el Procurador y el Contralor sean elegidos luego de un concurso público de méritos.